El tratamiento de la inmigración en los Estados Unidos, que tanto contribuyó a transformar a esa nación en la potencia mundial del presente, amenaza con convertirse en un problema sin solución aparente al colarse como uno de los temas de la campaña de renovación parlamentaria de noviembre próximo. En los Estados Unidos residen hoy, según las estimaciones oficiales y de organizaciones no gubernamentales como el reconocido Centro Hispánico Pew, unos 11 millones de inmigrantes ilegales. La resolución de ese problema ha sido una de las banderas del presidente George W. Bush desde que llegó a la Casa Blanca. Sin embargo, después de más de cinco años en el poder no ha podido hasta ahora encontrar una solución.
El Congreso norteamericano debate en estos días una reforma integral del sistema inmigratorio, la primera en décadas, atrapado en el dilema de si deben regularizar a los 12 millones de ilegales o expulsarlos como proponen los sectores más extremos, con sus efectos no deseados sobre la economía. Los inmigrantes ilegales originarios de América latina, muchos de los cuales cruzaron la frontera de los Estados Unidos para engrosar las filas de los trabajadores de bajos salarios que alimentan parte de la maquinaria industrial de ese país, han ganado las calles para reclamar un tratamiento justo y rechazar las iniciativas extremas. En diciembre último, la Cámara de Representantes aprobó un polémico proyecto de ley para criminalizar a los extranjeros que permanecen sin permiso y tratarlos como delincuentes. El argumento utilizado fue que la lucha contra la inmigración ilegal debe formar parte de la lucha permanente contra el terrorismo. Esa iniciativa no tiene posibilidades de ser aprobada en el Senado no sólo por el amplio rechazo que originó, sino porque el presidente Bush ha optado por otro proyecto que se acerca más a su propuesta de establecer el status de trabajadores extranjeros temporarios. Los sectores que combaten con más ahínco la presencia de los inmigrantes sin papeles han llegado a proponer, incluso, deportaciones masivas.
El mandatario norteamericano ha ratificado en los últimos días que es partidario de favorecer un programa de trabajadores temporarios para empresas que necesitan mano de obra inmigrante, aunque ha rechazado cualquier posibilidad de dar un perdón a quienes residen en el país violando las normas. El proyecto que cuenta con posibilidades de avanzar es el que impulsa el senador republicano Mel Martínez, cubano nacionalizado norteamericano, que propone un tratamiento diferenciado a los inmigrantes ilegales según el tiempo de permanencia en el país. Así, quienes hayan vivido cinco o más años en los Estados Unidos podrían acceder a la ciudadanía, quienes llevan entre dos y cinco años deberían solicitar en los controles fronterizos una visa de trabajo temporal y, a la larga, podrían postularse para obtener la ciudadanía unos años más adelante. Pero aquellos que llevan menos de dos años en el territorio norteamericano sin permiso podrían ser deportados. Los Estados Unidos enfrentan un problema que se ha profundizado en los últimos años con la expulsión de cientos de miles de habitantes de los países en crisis, fundamentalmente de América latina. La debacle de la Argentina en 2001 agudizó un fenómeno que se venía percibiendo en el país desde meses antes: decenas de miles de argentinos se trasladaron a la nación del Norte utilizando el beneficio del programa visa waiver (no se necesitaba visa para ingresar como turista por 90 días) y se instalaron como ilegales. Es de esperar que la resolución que adopten los Estados Unidos frente a esta delicada cuestión no sea guiada por la xenofobia, sino por las mismas razones que hicieron que ese país fuera considerado la cuna de la libertad y del respeto por los derechos civiles.
Editorial del diario La Nación de Buenos Aires
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