El presidente boliviano, Evo Morales, ha superado la primera protesta en su contra al afectar la huelga de transportistas sólo a los viajes por carretera, mientras que el tráfico en las ciudades recuperó la normalidad. Sólo las grandes empresas de transporte decidieron continuar los paros.
Adicionalmente, el Gobierno encaminó una posible solución al conflicto de Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que ya lleva varias semanas y amenazaba con derivar en un paro convocado por organizaciones civiles de la ciudad central de Cochabamba, sede de la aerolínea. El paro de los transportistas quebró la luna de miel de Morales con los grandes sectores sociales, y el conflicto del LAB es un prolongado dolor de cabeza que concentra parte de las fuerzas del Ejecutivo desde marzo, cuando estalló la crisis de la compañía. Morales se mostró inflexible con la Confederación Sindical del Transportistas, un poderoso gremio que le presiona para anular un decreto que obliga a los propietarios de autobuses a emitir facturas y tributar más desde mayo próximo. Sólo las grandes empresas de transporte decidieron continuar la huelga emprendida el martes pasado por todo el sector del transporte, cuando quedaron paralizadas parcialmente al menos siete de las 10 ciudades principales del país. La ministra de Gobierno (Interior), Alicia Muñoz, dijo que el Ejecutivo coordina con los transportistas no afiliados a sindicatos y con el Ejército un plan de contingencia para trasladar a sus destinos a la gente varada en las terminales. Flotas de autobuses, camiones e inclusive aviones militares han sido puestos a disposición de los pasajeros perjudicados por la huelga. Muñoz también remarcó que el Gobierno no cederá a la presión de los dueños de autobuses para anular el decreto que les obliga a tributar más. El Ministerio de Hacienda ha ratificado que 177 propietarios tienen registrados oficialmente 248 autobuses y pagan entre todos la cantidad de 1.843 dólares anuales en el "régimen integrado" de la legislación tributaria. Sin embargo, las compañías de transporte operan en todo el país con 1.167 vehículos y se les exige integrarse en el "régimen general" para pagar anualmente 2,3 millones de dólares, según el Ejecutivo. La ministra Muñoz subrayó además que no se repondrán, como piden los chóferes, otras dos normas que fueron derogadas y que permitían a la Policía de Tránsito transferir fondos de sus recaudaciones a los sindicatos de chóferes. El máximo dirigente de la Confederación de Chóferes, José Luis Cardozo, repitió su amenaza de continuar las medidas de fuerza si el Gobierno no atiende su reclamación. El sindicalista llamó al presidente Morales "soberbio" por no aceptar dialogar con los empresarios del transporte. "El presidente hasta llegar al poder era socialista, pero se ha sentado en la silla y es otro neoliberal. Hemos sentado a un pobre para que nos empobrezca más", sostuvo Cardozo.
Adicionalmente, el Gobierno encaminó una posible solución al conflicto de Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que ya lleva varias semanas y amenazaba con derivar en un paro convocado por organizaciones civiles de la ciudad central de Cochabamba, sede de la aerolínea. El paro de los transportistas quebró la luna de miel de Morales con los grandes sectores sociales, y el conflicto del LAB es un prolongado dolor de cabeza que concentra parte de las fuerzas del Ejecutivo desde marzo, cuando estalló la crisis de la compañía. Morales se mostró inflexible con la Confederación Sindical del Transportistas, un poderoso gremio que le presiona para anular un decreto que obliga a los propietarios de autobuses a emitir facturas y tributar más desde mayo próximo. Sólo las grandes empresas de transporte decidieron continuar la huelga emprendida el martes pasado por todo el sector del transporte, cuando quedaron paralizadas parcialmente al menos siete de las 10 ciudades principales del país. La ministra de Gobierno (Interior), Alicia Muñoz, dijo que el Ejecutivo coordina con los transportistas no afiliados a sindicatos y con el Ejército un plan de contingencia para trasladar a sus destinos a la gente varada en las terminales. Flotas de autobuses, camiones e inclusive aviones militares han sido puestos a disposición de los pasajeros perjudicados por la huelga. Muñoz también remarcó que el Gobierno no cederá a la presión de los dueños de autobuses para anular el decreto que les obliga a tributar más. El Ministerio de Hacienda ha ratificado que 177 propietarios tienen registrados oficialmente 248 autobuses y pagan entre todos la cantidad de 1.843 dólares anuales en el "régimen integrado" de la legislación tributaria. Sin embargo, las compañías de transporte operan en todo el país con 1.167 vehículos y se les exige integrarse en el "régimen general" para pagar anualmente 2,3 millones de dólares, según el Ejecutivo. La ministra Muñoz subrayó además que no se repondrán, como piden los chóferes, otras dos normas que fueron derogadas y que permitían a la Policía de Tránsito transferir fondos de sus recaudaciones a los sindicatos de chóferes. El máximo dirigente de la Confederación de Chóferes, José Luis Cardozo, repitió su amenaza de continuar las medidas de fuerza si el Gobierno no atiende su reclamación. El sindicalista llamó al presidente Morales "soberbio" por no aceptar dialogar con los empresarios del transporte. "El presidente hasta llegar al poder era socialista, pero se ha sentado en la silla y es otro neoliberal. Hemos sentado a un pobre para que nos empobrezca más", sostuvo Cardozo.
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