Costos de la nacionalización boliviana

A 100 días desde su instalación, Evo Morales ha cumplido con su promesa de nacionalizar la actividad de los hidrocarburos. Las empresas operadoras de gas y petróleo bolivianos, desde ya bajo custodia militar, deberán entregar toda su producción para la comercialización, transporte e industrialización a la estatal Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB). Dentro del plazo de seis meses, los inversionistas del rubro tendrán que adecuar sus contratos a un nuevo estatuto, que implica cambios de propiedad, gestión y de tributos. Como se ha destacado profusamente, es la tercera nacionalización enérgetica boliviana, lo cual es demostrativo de la inseguridad con que se desenvuelven las actividades en dicho país.

Esta medida, hasta ahora, no contempla compensaciones para los nacionalizados y se desconocen muchos aspectos del nuevo régimen que se implantará. Sin embargo, Brasil, España y otros gobiernos sedes de inversionistas extranjeros ya han manifestado su gran preocupación por el cambio unilateral de los contratos e insinúan efectos adversos para sus relaciones oficiales.

El Mandatario boliviano, junto con promulgar esta nacionalización, anunció que seguidamente vendrá la de otros recursos naturales, comenzando con el resto de la minería y el sector forestal.
La nacionalización es un retroceso, que favorece a la elevada popularidad de Evo Morales, pero dificulta la atracción de inversión extranjera y el desarrollo de los hidrocarburos bolivianos, agrega una nueva incertidumbre al abastecimiento de gas en Argentina, Brasil y Chile, impacta directamente en las relaciones bilaterales de Bolivia con Europa y las dos principales economías sudamericanas e, indirectamente, desalienta a la inversión extranjera en Latinoamérica por países y empresas foráneas, que desconocen las diferentes realidades latinoamericanas.

Por sobre esas significativas consideraciones, la decisión del líder indigenista sugiere que ha optado por sumarse a las políticas del Presidente Chávez, en consonancia con Fidel Castro, distanciándose del pragmatismo y liderazgo sud americano del Presidente Lula. Con seguridad, de no llegarse a acuerdo entre los inversionistas y el gobierno boliviano, surgirán demandas internacionales, con peticiones de reparaciones y embargos, que aumentarán el aislamiento de Bolivia de los mercados externos.

Por eso mismo, muchos suponen que, más adelante, el gobierno boliviano deberá hacer concesiones destinadas a flexibilizar la nacionalización. De lo contrario, se arriesga a quedar bajo la dependencia de Venezuela y aislado del resto del mundo. Así, por lo demás, se explican el silencio y la moderación con que han reaccionado algunos de los gobiernos y compañías afectadas. Adicional y coyunturalmente, la nacionalización tendrá consecuencias en la campaña presidencial peruana, pues los vínculos con Bolivia y Venezuela se encuentran deteriorados por la intervención de sus mandatarios en asuntos internos peruanos.

Lo acontecido en Bolivia también tiene consecuencias internas y externas para Chile, más allá de lo estrictamente energético. Desde luego, la radicalización de Evo Morales da razón a quienes han llamado a la prudencia en el diálogo bilateral y desanima a quienes apostaron por la moderación del Mandatario, por su respeto a los tratados y compromisos internacionales e, incluso, por la creencia de que sería posible, en algún momento, contar con abastecimiento de gas altiplánico. El panorama boliviano, la injerencia venezolana y la desarticulación de los organismos internacionales son una prueba para las diplomacias sudamericanas, incluyendo la chilena.

Editorial del diario El Mercurio de Santiago