A pesar de la rapidez con que el Gobierno de Evo Morales decretó la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos y de la terca determinación en defenderla ante la delegación española que ha visitado La Paz, no parece que el presidente del país andino y su equipo dispongan de una estrategia económica definida para aprovechar sus recursos energéticos, que hoy consideran "saqueados" por las empresas extranjeras. Naturalmente, el Ejecutivo boliviano tiene muy claro el movimiento confiscatorio inicial, y también que cuenta con el apoyo explícito de los Gobiernos de Venezuela y Cuba. Pero el rimbombante Decreto Supremo deja a la negociación posterior de Bolivia con las compañías petroleras las condiciones de explotación y operación del gas; es decir, está abierto el modelo de gestión de los hidrocarburos del país, porque Bolivia no cuenta con inversión ni tecnología suficientes para manejar sus recursos energéticos. Con el agravante de que una nacionalización fulgurante ha sembrado la inquietud en las empresas y la zozobra entre los inversores internacionales.
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