Quién lo diría: dos símbolos de la izquierda latinoamericana, el presidente boliviano, Evo Morales, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, están al borde de un cisma por el más capitalista de los temas: el negocio de hidrocarburos. Prueba de que la decisión que tomó el primero de ellos, el lunes, de nacionalizar la explotación de gas y petróleo en su país, va más allá de afectar los intereses de unas multinacionales.Lo prometió y lo cumplió, justo después de firmar, con Hugo Chávez y Fidel Castro, el embrión del proyecto de acuerdo comercial regional del primero, la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba). Evo Morales decretó que el Estado toma el control de los campos de gas y que las empresas extranjeras deben vender al menos 51 por ciento a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En seis meses, un decreto regulará su actividad y habrá auditorías para determinar las inversiones de las compañías y clarificar si algunas estarían obteniendo ventajas indebidas. Quedó pendiente la cuestión crucial de si habrá o no indemnizaciones y compensaciones.Bolivia cuenta con las segundas reservas de gas de Suramérica (1,55 billones de metros cúbicos) y exporta casi toda su producción a Brasil y Argentina. Las empresas afectadas son la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol-YPF, las británicas British Petroleum y British Gaz, la francesa Total y la estadounidense Exxon, con pequeños intereses. El gobierno boliviano espera aumentar en más de 300 millones de dólares sus recaudos por esas exportaciones.La decisión tiene profundas implicaciones.
Simbólicas, para empezar, en una economía global que lleva más de una década con el lema de desestatizar y privatizar. Geopolíticas, pues, de hecho, reafirma la pérdida de influencia de E.U. en una región clave para sus intereses y realza el papel de contradictor del venezolano Chávez. Algunos ven la medida con preocupación, como señal del populismo creciente en Latinoamérica. Otros, con simpatía, como muestra de una soberanía largamente esperada. Pero para un país como Brasil, 60 por ciento de cuyo consumo de gas depende de Bolivia, la nacionalización rebasa toda simpatía ideológica. Prueba de que la llamada ‘izquierda latinoamericana’ no es ni tan izquierda ni tan monolítica (para no hablar de la posibilidad ya insinuada de que Tabaré Vázquez, en Uruguay, le apunte a un TLC con E.U.).
Otro afectado de izquierda fue el gobierno español de Zapatero, que reaccionó en defensa de Repsol. La situación es tan álgida, que se convocó para hoy, en Argentina, una cumbre de emergencia de los presidentes de Bolivia, Brasil, Argentina y Venezuela. Quizá de allí salgan decisiones que eviten el enfrentamiento.La validez de la medida la decidirá no la ideología, sino sus efectos prácticos. Sobre todo, si en verdad logra aumentar el recaudo de divisas para el pobre Estado boliviano. Pues esta reafirmación de la soberanía entraña también el riesgo de espantar a los inversionistas y dejar a Bolivia con el gas, pero sin los medios para explotarlo. Aún es pronto, pues, para emitir un juicio final sobre la primera gran nacionalización en Latinoamérica de los últimos años.
Editorial del diario El Tiempo de Bogotá
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