El Decreto Supremo signado con el número 28.701, que establece la Nacionalización de los Recursos Hidrocarburíficos del país, constituye una medida histórica del gobierno que preside Evo Morales Aima, porque al igual que las otras dos nacionalizaciones que se registraron en el país, la primera durante el gobierno de David Toro y la otra de Alfredo Ovando Candia, retorna la propiedad de los recursos naturales al Estado. De esta manera se busca una racional y sistemática explotación de los mismos, que estaban bajo la administración y control de empresas transnacionales, que por el momento parecen estar de acuerdo, porque no fueron conocidas reacciones que condenen esa disposición gubernamental.
Según la determinación del Gobierno, del cien por ciento de los recursos que genere el sector de los hidrocarburos el 82 por ciento corresponde a los bolivianos y el restante 18 por ciento para las empresas petroleras, lo que equivale a decir que el Estado, a partir del pasado lunes, tomó el control y la administración de las empresas petroleras que operaban en el territorio nacional. La distribución de los ingresos para Bolivia contempla que del 82 por ciento, 18 son por concepto de regalías, el 32 por ciento por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y otros 32 por ciento por la participación adicional para la empresa fiscal del petróleo. El porcentaje destinado a las petroleras transnacionales cubre el costo de operaciones, la amortización de inversiones y las utilidades.
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