Reforma agraria en Bolivia

El gobierno de Bolivia anunció que llevará adelante una reforma agraria sobre la base de la confiscación de empresas rurales de mayor dimensión para asignarlas, en parcelas menores, al campesinado. Se trata de la continuación de la política del presidente Evo Morales de nacionalización de empresas, iniciada con las de hidrocarburos el 1° del actual. La iniciativa tendría el propósito de distribuir entre 11 y 14 millones de hectáreas, cifra similar a la mitad de la superficie sembrada con cereales y oleaginosas en la Argentina, equivalente al 10 por ciento del territorio boliviano. El país andino tuvo ya una experiencia reformista durante la primera presidencia de Víctor Paz Estensoro con los mismos propósitos proclamados ahora y cuyos resultados fueron decepcionantes, al igual que los procesos similares impulsados en México, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela. Basándose en la existencia de los llamados latifundios improductivos, se proyecta la entrega de parcelas pequeñas al campesinado con cuyo concurso se intenta lograr una gran expansión productiva y un cambio económico y social para cientos de miles de familias. Algunas distinciones conceptuales son importantes. En primer lugar, no se trata de una nacionalización de las tierras, que de hecho ya son bolivianas, sino de una estatización lisa y llana, así como se lo pretende en el caso del petróleo y del gas. El proceso no se llevaría a cabo mediante expropiaciones, sino por medio de un sistema denominado de "reversión" de la propiedad privada, transfiriéndola -sin compensación- al Estado, que entonces la otorgaría al campesinado bajo formas de titularidad que no han sido difundidas. El programa tendría por escenario a la región oriental del país, representado por Santa Cruz, el Chaco, y más al norte, en el Beni y Pando, en la frontera con Perú. Se incluye una franja de 50 kilómetros a lo largo de todo el país con sus vecinos Brasil, Paraguay y Perú. El fracaso de las reformas agrarias llevadas a cabo en el siglo XX en la América andina se produjo por el desconocimiento de la realidad productiva, que hoy se basa en la disponibilidad de capital, tecnología y conocimientos; en la construcción de obras de infraestructura, consistente en rutas y medios de transporte; en sistemas de comunicaciones y obras de regadío. La expansión de la agricultura argentina de los últimos veinte años es una expresión concreta de esa realidad. Productores argentinos y de otros países han invertido en compras y arrendamientos de tierras en Bolivia, en procura de los mismos resultados logrados en nuestro país. Tanto para beneficio de la nación andina como para los inversores extranjeros sería deseable que la reforma boliviana modere su ímpetu político inicial y conciba un proceso paulatino, destinado a transformar extensiones de tierra efectivamente improductivas mediante acuerdos con sus propietarios en términos acordes con la seguridad jurídica y el respeto por la ley. Así, Bolivia y su sufrida población serían los principales beneficiarios.

Fuente: Diario La Nación de Buenos Aires