Guerras, SA

La privatización de la seguridad es una inquietante tendencia al alza, reforzada sobre todo desde el 11-S. No es novedad que los servicios secretos en muchos países acudan a especialistas privados en busca de información confidencial remunerada. Lo que sí es nuevo, en el caso de organizaciones como el FBI o la CIA, es que lo hagan por falta de capacidad. Y sin embargo es lo que ha ocurrido cuando la propaganda, la guerra de la información y la adoctrinación de sus seguidores han llevado a Al Qaeda y otros movimientos terroristas a hacer un uso intensivo de Internet. La CIA y el FBI se han visto obligados a contratar los servicios de personas o empresas privadas para seguir y analizar esa información. El proceso es incesante ante el aumento de la inseguridad. Hoy, muchas empresas, directivos o políticos están protegidos por servicios privados porque el Estado, entendido en un sentido amplio, no da abasto o se retira. En buena parte está perdiendo esa cualidad central que le atribuyera Max Weber como depositario del monopolio de la fuerza física legítima dentro de su territorio. Incluso no deja de crecer el número de cárceles privadas en muchos países occidentales. A la vez, la profesionalización de los ejércitos y la complejidad de los armamentos han aumentado el coste de formación y utilización de soldados, con lo que las Fuerzas Armadas acuden a empresas para suplir sus carencias. Se calcula que entre un 10% y un 20% de la actividad militar estadounidense en Irak está en manos privadas, lo que constituye un pingüe negocio para las firmas implicadas, además de una alteración de las reglas de la guerra. Esos servicios, entre otras cosas, no están sometidos a los convenios de Ginebra sobre prisioneros de guerra, ni su personal se halla protegido si es el caso por tales convenios. La separación entre lo público y lo privado se difumina, así, en cuestiones esenciales, lo que hace necesario recuperar el sentido de lo público y en cualquier caso establecer límites y regulaciones claras para esas actividades.

Fuente: Editorial del diario El País de España.