México en el laberinto
México parecía una ciudad sitiada cuando el presidente Vicente Fox acudió el viernes pasado al Congreso para rendir su sexto y último informe sobre el estado de la nación. Un cerco policial aislaba al palacio de San Lázaro, la sede legislativa, de las manifestaciones opositoras, que ocupan desde hace dos meses el centro de la ciudad, en protesta por el resultado de las elecciones del pasado 2 de julio, en las que los partidarios de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda (y hasta ahora perdedor), alegan que hubo fraude.
En el recinto parlamentario, el estrado desde el cual el mandatario debía leer su informe estaba tomado por las bancadas de la izquierda, dispuestas a impedir que Fox ocupara la primera tribuna del país. Y lo consiguieron, en un hecho que sentó un inquietante precedente y acentuó la confrontación que protagonizan las principales fuerzas políticas mexicanas desde las presidenciales.
La fragmentación en que se encuentra México a solo tres meses de que Fox traspase el poder a su sucesor se refleja claramente en la composición del Congreso: de un lado están los 258 parlamentarios del derechista Partido Acción Nacional (PAN), el de gobierno, cuya mayoría es insuficiente para pasar las leyes; de otro, los 195 de la coalición izquierdista que encabeza el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que aún no admite su derrota en la reciente elección presidencial, y, en medio de las dos agrupaciones enfrentadas (sin contar una decena de otras filas), están los 161 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), convertido en la tercera fuerza política después de haber gobernado hegemónicamente durante 71 años, hasta el año 2000.
El pulso que la oposición libra con el Gobierno,que alcanzó el viernes un grado de alta tensión, nace del rechazo de los seguidores del candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador a lo que consideran un fraude contra su candidato y a favor del candidato gobiernista, Felipe Calderón, en la elección presidencial. Aunque el Tribunal Federal Electoral no ha proclamado aún el ganador, parece que Calderón obtendrá la credencial porque las impugnaciones no alteraron el recuento oficial, que lo favorece por 0,58 por ciento.
Una alianza con el PRI -otrora enemigo irreconciliable de su colectividad- podría evitar el estancamiento del gobierno de Calderón, pero un acuerdo de esa índole podría resultar frágil ante la resistencia de la fracción más radical de aquel partido. Si a esto se añade que el sucesor de Fox seguirá enfrentando el desafío de la oposición en las calles -pues López Obrador anuncia una resistencia permanente al gobierno que se instaure en diciembre y ha planteado, inclusive, que México podría tener dos gobiernos-, el horizonte político de la segunda potencia latinoamericana no es nada claro.
El sistema mexicano, profundamente presidencialista, no contempla la segunda vuelta en elecciones presidenciales. Con lo cual, el gobierno de Calderón (y, aun, el de López Obrador) será débil, sin respaldo mayoritario ni del electorado ni del Congreso. Por otro lado, el periodo presidencial es de seis años y solo habrá elecciones intermedias para una de las cámaras en el 2009. Es decir, la debilidad del nuevo gobierno y la polarización serán para rato. Aunque el escenario de un gobierno dual no se llegue a materializar, es fácil advertir que México puede tornarse virtualmente ingobernable.
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