Previamente se habían declarado culpables de narcotráfico y lavado de activos. También renunciaron a millones de dólares obtenidos como jefes del cartel de Cali. Ambos se declararon culpables ante una corte en Florida y ahora pagarán 30 años de cárcel y US$ 2.100 millones de dólares en propiedades o cualquier otro activo que aún posean. Paralelamente, 29 de sus familiares cercanos firmaron un acuerdo con el gobierno estadounidense en el que se comprometen a entregar hasta el último de sus bienes -directo o indirectamente ligado con el narcotráfico-. En compensación, 6 de los miembros no serán procesados por cargos de obstrucción de justicia y lavado de activos -como se pensaba- mientras que el resto saldrá, por el momento, del radar de los americanos.
Ambos acuerdos, que fueron anunciados con bombos y platillos durante una rueda de prensa en Washington a la que asistieron las más altas figuras del gobierno de E.U., se constituye en el golpe más contundente contra la estructura financiera del narcotráfico y en el fin de un emporio que penetró la vida colombiana por más de dos décadas.
El evento, por supuesto, estuvo adornado con frases triunfalistas. Al 'ajedrecista' -como le decían a Miguel- solo le puedo decir: jaque mate", afimó la directora de la DEA, Karen Tandy. Para July Myers, segunda a cargo del departamento de Seguridad Interna, fue "la puntilla que le faltaba al ataúd del Cartel de Cali". Colombia, en el arreglo de los Rodríguez Orejuela, también resultó muy beneficiada. De hecho, el país podrá retener todos los activos, empresas y propiedades que estos entreguen, que, de acuerdo con el Fiscal General Alberto Gonzales, componen el grueso de los 2.100 millones.
E.U. solo se apropiará de lo que esté en su territorio y lo mismo harán los gobiernos de España y Ecuador, donde se estima tienen otras propiedades. De acuerdo con Gonzales, que encabezó la rueda de prensa, el acuerdo no requiere que los Orejuela delaten a otros narcotraficantes o cooperen de alguna manera: "Solo la enumeración y entrega de todos sus activos", dijo el Fiscal, poniendo fin al rumor de que estos buscaban algún arreglo con la justicia de E.U. que incluía la entrega de subalternos.
En todo caso, para E.U. el de ayer fue un negocio redondo. Aunque la sentencia máxima podría haber sido 40 años, le solicitaron al juez que sea de 30, cuando tendrán, si sobreviven, 92 y 97 años respectivamente. Lograron, además, que entregaran voluntariamente todos sus bienes, un procedimiento que si se hacia por la vía judicial, hubieses costado un alta suma de dinero en juicios e investigaciones tanto para E.U. como para Colombia. Retuvieron el derecho a decomisar cualquier activo no entregado por los Rodríguez Orejuela y los hicieron comprometerse a nunca demandar la devolución de sus bienes.
En el caso de los familiares se aplicará la misma norma bajo la amenaza de perder los pocos beneficios obtenidos -que no serán procesados- si llegan a reincidir o delinquir. Empresa o activo no declarado podrá ser intervenido sin necesidad de dar explicaciones. Y para sobrevivir, recibirían algún tipo de "pensión" o ayuda del estado que estaría por determinarse. De acuerdo con uno de los fiscales que participó en la negociación, la clave del acuerdo fue William, el hijo de Miguel, que se entregó a la justicia de E.U. este año. "Cuando William firmó el acuerdo -en el que se comprometía a delatar a su padre y tío- las opciones de los hermanos se redujeron considerablemente. Hicieron lo único sensato que podían hacer: tratar de salvar al resto de la familia", le dijo a EL TIEMPO el fiscal.
El acuerdo de clan Rodríguez Orejuela con E.U.
Miguel y Gilberto pasarían el resto de sus días en el Centro Penitenciario FCI Coleman en el Sur de la Florida.
Los familiares obtendrían visas a E.U., por un período limitado de tiempo, para que puedan visitar a los retenidos.
Los familiares saldrán de la Lista Clinton, que hoy les impide cualquier transacción con entidades financieras.
Más de 300 empresas asociadas a los Rodríguez Orejuela y hoy bloqueadas por E.U. por estar en esta lista, serán "perdonadas" una vez hayan sido entregadas al Estado. Los familiares seguirán siendo vigilados. Al menor indicio de actividad ilícita el acuerdo se rompe y pierden los beneficios. E.U. se reserva el derecho a extinguir o decomisar nuevas propiedades o activos que aparezcan con posterioridad. No tienen derecho a demandar las extinciones de dominio ni presentes o futuras.
El gobierno, a su discreción, podría entregarles una mesada para que puedan sobrevivir. Pero, según una fuente del gobierno de E.U.. "es hora que comiencen a ganarse la vida como cualquier ser humano".
Fuente: Artículo del diario El Tiempo de Bogotá . Continue leyendo el artículo
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