Suiza pidió ayer al presidente Evo Morales, que respete los acuerdos entre ambos gobiernos tras la nacionalización de la fundidora Vinto, filial de la multinacional helvética Glencore. "Se reconoce el derecho soberano del pueblo de Bolivia, pero en el marco del respeto a los derechos internacionales y a los convenios bilaterales que se suscriben entre gobiernos", declaró el encargado de negocios interino de la embajada de Suiza en La Paz, Eros Robiani, a la agencia oficial helvética Swissinfo. Según Swissinfo, Suiza tiene un acuerdo con Bolivia, firmado en 1987 y ratificado en 1994, sobre el respeto a las inversiones de empresas helvéticas en territorio boliviano.
El documento establece que, en caso de surgir una situación como la que se ha producido ahora con la nacionalización de la filial de Glencore, "el Gobierno de Bolivia deberá proceder a una indemnización o compensación justa sobre lo invertido por la empresa extranjera, en virtud de las cláusulas establecidas en el convenio bilateral correspondiente". A juicio de la agencia estatal suiza, "todo parece indicar que el Gobierno boliviano no considera una indemnización ni una compensación. Al menos hasta ahora no hay indicios de ello".
La fundidora Vinto, nacionalizada este viernes después de que el Ejército boliviano ocupara sus oficinas cerca de la ciudad andina de Oruro, fue transferida en 1999 por el Estado a la británica Allied Deals, ahora extinta, que luego la vendió a la minera Comsur del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003). En 2005, el ex mandatario traspasó la fundidora a la multinacional Glencore junto a concesiones mineras como Porco, Colquiri y Bolívar, situadas en la zona andina de Bolivia. Según informes periodísticos, Glencore compró Vinto a Sánchez de Lozada por cerca de 90 millones de dólares (63 millones de euros) y pagó otros 200 millones (140 millones de euros) más por los citados yacimientos. En el decreto nacionalizador de la fundidora se argumenta que su transferencia en 1999 a Allied Deals causó un grave daño económico al Estado boliviano, puesto que valía 140 millones de dólares (98 millones de euros) y se vendió por sólo 14,7 millones (10 millones de euros).
La plantilla de Vinto, que aglutina a unos 450 empleados, le pidió a Morales que garantice sus puestos de trabajo, a lo que el mandatario respondió con el anuncio de una inversión de 10 millones de dólares (siete millones de euros) para modernizar la planta y contratar a más trabajadores.
El documento establece que, en caso de surgir una situación como la que se ha producido ahora con la nacionalización de la filial de Glencore, "el Gobierno de Bolivia deberá proceder a una indemnización o compensación justa sobre lo invertido por la empresa extranjera, en virtud de las cláusulas establecidas en el convenio bilateral correspondiente". A juicio de la agencia estatal suiza, "todo parece indicar que el Gobierno boliviano no considera una indemnización ni una compensación. Al menos hasta ahora no hay indicios de ello".
La fundidora Vinto, nacionalizada este viernes después de que el Ejército boliviano ocupara sus oficinas cerca de la ciudad andina de Oruro, fue transferida en 1999 por el Estado a la británica Allied Deals, ahora extinta, que luego la vendió a la minera Comsur del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003). En 2005, el ex mandatario traspasó la fundidora a la multinacional Glencore junto a concesiones mineras como Porco, Colquiri y Bolívar, situadas en la zona andina de Bolivia. Según informes periodísticos, Glencore compró Vinto a Sánchez de Lozada por cerca de 90 millones de dólares (63 millones de euros) y pagó otros 200 millones (140 millones de euros) más por los citados yacimientos. En el decreto nacionalizador de la fundidora se argumenta que su transferencia en 1999 a Allied Deals causó un grave daño económico al Estado boliviano, puesto que valía 140 millones de dólares (98 millones de euros) y se vendió por sólo 14,7 millones (10 millones de euros).
La plantilla de Vinto, que aglutina a unos 450 empleados, le pidió a Morales que garantice sus puestos de trabajo, a lo que el mandatario respondió con el anuncio de una inversión de 10 millones de dólares (siete millones de euros) para modernizar la planta y contratar a más trabajadores.
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