ECUADOR: Peligra la democracia

La democracia es una mesa sostenida por tres patas, que se traducen en la existencia de la Función Legislativa, Función Ejecutiva y Función Judicial de forma independiente cada una de ellas y evitando interferencias.Sin embargo, en las tres últimas semanas resulta que una de esas patas no funciona por avería y desgaste. La Función Legislativa expresada en un Congreso con cien diputados se ha quedado en las páginas de la Carta Magna de la República del Ecuador y nada más.Y aunque para el Jefe de Estado, Rafael Correa, no existe crisis institucional, sino 57 diputados destituidos que quieren generar el caos, lo cierto es que a consecuencia de esa destitución, que nace de una cadena de inconstitucionalidades cometidas de lado y lado, el Congreso ni legisla, ni fiscaliza.Y no sólo es eso: está a punto de quedar en acefalía por la advertencia de su titular de renunciar y suspender las sesiones, pese a que en el artículo 11 del Reglamento se señala que para suspender más de tres días se necesita del voto de 67 legisladores.

La oposición, a su vez, amenaza con ir mañana a sesionar y la izquierda se aferra a una comisión general para que se avalice la presencia de los alternos.Ejecutivo no tiene quien le diga noAsí, el Ejecutivo no tiene quien fiscalice sus actos, quien le proponga proyectos de ley y, por último, quien le diga no a sus iniciativas, desde otro poder del Estado. La balanza está totalmente inclinada a su lado.Entonces, el escenario que se configura es la existencia de dos de los tres poderes del Estado. El Ejecutivo que no tiene una oposición en las mismas condiciones de poder y el Judicial que prefiere mantenerse al margen de toda la crisis.Al Congreso bloqueado de ahora todos los diputados a los que se les permite pasar comparten con el Gobierno la tesis de la realización de la Asamblea Constituyente y, aunque rechazan el calificativo de ‘gobiernistas’, hasta ahora no han fiscalizado ni una acción del Gobierno, pese a que aseguran que no dejarán de hacerlo.Ni siquiera el juicio político en contra del ministro de Economía, Ricardo Patiño, por supuesto peculado al pagar los intereses de los Bonos Global 2030, calculado en 135 millones de dólares, con un crédito externo.

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