Centenares de indígenas del oriente iniciaron una marcha de 380 kilómetros para reclamar a la Asamblea Constituyente autonomía para sus pueblos, pero su demanda polarizó más al país y ha puesto en apuros a Santa Cruz y tres regiones más que también reclaman autonomías para acabar con el centralismo de La Paz. El debate enfrenta la continuidad del estado democrático-liberal frente a otro de base indígena comunitario, impulsado por el presidente Evo Morales. El preámbulo hace suponer que la disputa podría definirse en las calles. "La polarización es política, pero también marca una profunda fractura regional" que pone en riesgo la unidad del país, aseguró el profesor universitario Fernando Mayorga. "Nuestros pies reventaron de ampollas en cada marcha, ahora nos dicen que nuestra propuesta de autonomía indígena es un retroceso para el país. Nosotros pensamos que es de inclusión social", reclamó Marcela Chubirú de la etnia chiquitana. La marcha partió el 7 de julio hacia Sucre, al sur, sede de la Constituyente, con niños y ancianos a cuestas, pero sus dirigentes analizaban suspenderla para bajar las presiones. Morales quiere "refundar Bolivia". Su proyecto de estado plurinacional reconoce autonomía administrativa y económica a 36 pueblos originarios, algunos con menos de 200 individuos, pero es resistida por grupos cívicos y económicos de Santa Cruz, la más extensa y rica región en el oriente, y por otros tres departamentos, entre ellos Tarija, donde está gran parte de las reservas de gas natural, la mayor riqueza del país. Santa Cruz aprobó el 2 de julio ante una asamblea popular un estatuto autonómico que reconoce a la región un gobierno y una asamblea legislativa departamental. Sus autoridades y líderes aseguran que quieren un estado democrático, moderno y descentralizado similar al modelo español o colombiano. Rechazan el capitalismo de estado (estatismo), impulsado por Morales, dijo el abogado Juan Carlos Urenda, ideólogo del movimiento autonomista.
El futuro gobierno departamental podría decidir sobre tierras y normaría las migraciones internas, lo cual es visto por el gobierno como "racista y excluyente". Ubicada a 580 kilómetros al este de La Paz, Santa Cruz es más extensa que Alemania. Su riqueza es la agroindustria. Allí residen dueños de inmensas tierras, muchas de ellas improductivas que el gobierno quiere revertir. El 75% de los ingresos que genera la región, unos 600 millones de dólares al año, se lleva el gobierno central, según Urenda. Los grupos influyentes de la región no aceptan autonomías indígenas y amenazan con desconocer la futura constitución de no respetarse sus demandas. Urenda dijo que en el plan de Morales "no hay un diseño de estado" sino "una idolatría por lo indígena que busca dar poder a gobiernos locales con el único interés de preservarse políticamente". El estado plurinacional propone seis niveles de gobierno, tres más de los que existen: nacional, departamental, provincial, municipal, indígena y territorial. Este último implica que los originarios repartidos en más de un municipio podrían conformar nuevas jurisdicciones. Morales, que es aymara, la segunda etnia después de la quechua, dijo que dará a los indígenas que son mayoría la oportunidad de reescribir la constitución porque fueron marginados por los criollos que fundaron Bolivia en 1825. Para el vicepresidente Alvaro García "la autonomía indígena democratizará el poder".
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario