Los congresistas fujimoristas están dispuestos a agotar su arsenal político con tal de defender a su líder Alberto Fujimori. Ayer lo demostraron al tratar de presionar al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que los deje ingresar sin autorización al cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes) donde el ex presidente se encuentra detenido. Tras el fallido intento, el legislador Rolando Sousa anunció que denunciarán por abuso de autoridad al personal del INPE y que hoy su bancada buscará establecer la responsabilidad que pudiera tener el jefe de dicha institución penitenciaria, Gustavo Carrión, y, por si fuera poco, apuntaron sus baterías contra la ministra de Justicia, María Zavala, al anunciar que evaluarán la responsabilidad política que le corresponde. Sousa citó el artículo 33 del Código de Ejecución Penal, el cual indica que los congresistas tienen la facultad del ingreso libre a cualquier penal para fiscalizar los actos de la administración pública.
En rápida respuesta, Carrión señaló que el INPE "no sabía si los congresistas iban en cumplimiento de sus funciones o como bancada, un asunto político del que no tengo nada que comentar. No teníamos ninguna comunicación del Congreso que nos dijera que una comisión parlamentaria visitaría al interno Fujimori". El jefe del INPE indicó que si en adelante el Congreso le informara que llegaría un grupo parlamentario en misión oficial no tendría ningún problema en permitirle el ingreso. "Por ahora, Fujimori se mantiene detenido en el régimen de máxima seguridad". Carrión dijo que una comisión técnica del INPE se iba a encargar ayer de definir la categoría carcelaria en que debía mantenerse a Fujimori. "Son tres las categorías, las cuales difieren por ser más o menos severas. De ello también dependerá que pueda aplicar su derecho a recibir visitas íntimas. El rango es de una a tres visitas al mes. Eso probablemente se defina mañana (hoy)", apuntó.
INSISTEN CON LA SALUD
Los fujimoristas insistieron en presentar a su líder como alguien con serios problemas de salud y en criticar las condiciones de su reclusión. En diálogo con este Diario, la congresista Keiko Fujimori reiteró lo que ha sido una constante en los últimos días: "No queremos ningún privilegio, pero temo por la vida de mi padre, pues no solo tiene simpatizantes sino detractores ya que luchó frontalmente contra el terrorismo y el narcotráfico. Me preocupa su vida y en estos momentos su salud. Mi abuelo murió de hipertensión y por esa enfermedad mi abuela está en estado de coma. Esto no es una broma", manifestó quien la víspera le llevó pollo a la brasa al extraditado. Ella reiteró que el personal de la cárcel donde se encuentra detenido Fujimori le había quitado los medicamentos que este toma para la hipertensión. Consultada sobre si con estas denuncias el fujimorismo buscaba poner contra las cuerdas al gobierno aprista, dijo: "Lo que estamos pidiendo son las condiciones mínimas e indispensables que se merece cualquier ser humano. Estoy pidiendo sin amenazas".
La intención política también se coló en las siguientes palabras: "La forma como mantienen detenido a mi padre depende directamente del INPE, del Ministerio de Justicia y, por lo tanto, del Poder Ejecutivo. Si este lo está maltratando innecesariamente, tenemos que quejarnos y levantar nuestra voz". Por si fuera poco, atacó al jefe del Estado, Alan García: "Usted quiere enterrar vivo al ex presidente Fujimori, a quien sacó adelante este país después que usted lo destrozó". Añadió que la actitud del mandatario aprista demostraba "de dónde viene este trato que está recibiendo mi padre".

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