Si Gobierno y oposición extreman sus recursos de poder y de crítica, los resultados jamás serán iguales a los que aspiran los bolivianos, es decir, conservar la paz, el respeto recíproco y la estabilidad política para combatir contra el enemigo: la pobreza. La continuidad del funcionamiento de la Asamblea Constituyente está entre dos opciones. La primera consiste en imponer el clima del encuentro, el pacto social y político y de la deliberación civilizada que exige la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado, y la segunda es seguir por el camino de la beligerancia, el desencuentro y la violencia que se han manifestado en los últimos días, dando lugar a la muerte, la destrucción y el caos.
En la elección de una de ellas tendrá que tenerse en cuenta la responsabilidad que se asume con el destino nacional, lo que no es poca cosa. Entraña muchas variables. De una parte, se puede entender que se prefiere la conciliación entre los bolivianos, con lo que se reconocería la diversidad política que existe y se admite en una comunidad democrática. En caso de ser a la inversa, lo que se estaría eligiendo es la beligerancia. El funcionamiento de una Constituyente en medio de tensiones y, peor todavía, cuando éstas derivan en derramamientos de sangre, como los ocurridos en Sucre, no garantiza que la Constitución que surja de ella sea el producto del pacto social que se había propuesto para justificar su realización. De momento, deberá tenerse en cuenta que el costo inicial al que se llegó con la Constituyente es excesivo. Carece del ingrediente fundamental que es la democracia, en cuyo marco se tiene que contar con la participación de todos los sectores representativos de la comunidad boliviana.
Lo que está en juego en el debate del documento fundamental del Estado boliviano es la tolerancia entre unos y otros. Y así como se cuestiona al oficialismo por su tendencia en favor del sectarismo y el conflicto, corresponde esperar que la oposición y las regiones de tendencia crítica a la acción gubernamental se sobrepongan a las posturas oportunistas y actúen con una mayor dosis de comprensión sobre el proceso incluyente que se quiere ejecutar. Tampoco es aceptable la reacción chuquisaqueña cargada de excesos, que derivó en destrucción, vandalismo y desconocimiento de la autoridad policial, y descontrol de los grupos movilizados por las calles. Ni es aceptable, ciertamente, la actuación agresiva y violenta de la Policía en Sucre, que arremetió con golpes incluso contra los periodistas que realizaban su trabajo en medio de los enfrentamientos. Si las partes políticas en conflicto extreman sus recursos de poder y de crítica, los resultados jamás serán iguales a los que aspiran los bolivianos, es decir, conservar la paz, el respeto recíproco y la estabilidad política. En definitiva, ambos tienen que entender que sólo de esta manera se puede alcanzar el crecimiento económico y, sobre esta base, combatir la pobreza, que es la enemiga número uno de Bolivia.
El presidente Evo Morales ha reiterado, de manera enfática, en el mensaje que dirigió al país el domingo, que su gobierno es de la cultura del diálogo y que su propósito es hacer un pacto social para la Constituyente. Si acaso eso no se advirtió en el inmediato pasado, ésta es la oportunidad que tiene de cumplir con tal premisa. El país no necesita probar más globos de ensayo con el destino nacional. Se conoce ya suficientemente que cuando el camino elegido no es el del diálogo, el resultado es trágico.
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