En Ecuador empieza la polémica Constituyente

La Asamblea Constituyente, convocada por el presidente izquierdista Rafael Correa, comenzará hoy a sesionar en Ecuador en medio de una disputa con el Congreso, al que podría disolver. En rueda de prensa, Correa, un aliado del presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo ayer que presentará su renuncia no bien el organismo comience a sesionar. Como su par venezolano, el mandatario ecuatoriano considera que la Asamblea es vital para implantar en su país el llamado "socialismo del siglo XXI". "El objetivo es que la Asamblea tenga manos libres", manifestó el mandatario sobre su renuncia.

El oficialismo cuenta con 80 de los 130 asambleístas elegidos en las urnas, por lo que se estima que el organismo restituirá el poder al presidente. Gracias a esta maniobra, Correa se podrá presentar a las elecciones presidenciales, que serían adelantadas para el próximo año, y optar así por un nuevo período y por la posibilidad de reelección por una sola vez, si es que estas medidas son, como se prevé, finalmente incluidas en el texto constitucional. En una acción anticipatoria de la renuncia de Correa, el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador (TSE), Jorge Acosta, y el juez del Estado, Carlos Pólit, ya pusieron sus cargos a disposición de la Asamblea. Aunque se estima que Correa podría imponer una reforma constitucional que incluya la reelección ilimitada, tal como intenta hacer Chávez en Venezuela, el mandatario ecuatoriano ha afirmado que sólo buscará que exista la posibilidad de una reelección para el presidente.

"Plenos poderes"

Respecto de la prevista disolución del Parlamento, Alberto Acosta, dirigente oficialista y potencial presidente de la Asamblea, dijo que el organismo "tiene los plenos poderes". "Ningún poder constituido puede ponerle límites o condiciones al poder constituyente", dijo. Sin embargo, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos, cuestionó estos dichos y destacó que la Asamblea tiene la misión de redactar la vigésima Constitución del país (la última está vigente desde 1998) y no tiene la potestad de disolver el Parlamento. "Nada más se le ha encargado. No puede ejercitar actos de gobierno; no puede derogar leyes secundarias ni tampoco expedir otras; no puede pretender reemplazar a un Congreso Nacional, producto de un pronunciamiento popular", dijo. Según Cevallos, "cualquier exceso de la Asamblea o de sus integrantes individualmente considerados constituirá una ruptura del ordenamiento constitucional vigente" y una "dictadura múltiple".

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