La agenda económica de Cristina Kirchner

Un acuerdo social hasta las elecciones de 2009, que limite el aumento salarial del año próximo al 16%. Un compromiso de inversión privada con créditos subsidiados del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la banca comercial. Y la reposición del superávit fiscal en el 3,5% mediante la suba de las retenciones a las exportaciones de cereales. Ese es el breve inventario de las medidas económicas que se bosquejan, por ahora, entre El Calafate y Olivos. Néstor Kirchner sigue buscando, tenaz, el talismán técnico que detenga la inflación sin reducir el nivel de actividad. “Sabemos lo que falta. Sabemos cómo hacerlo.” Esos dos axiomas proselitistas parecen problemáticos ahora que los Kirchner deben entrar en detalles. El frente inicial de operación es el fiscal. En el Ministerio de Economía ya redactaron los instrumentos para aumentar las retenciones al comercio de granos.

En cuestión de días, el impuesto sobre las exportaciones de trigo pasará de 20 a 27% y el de la de soja, de 27,5 a 35 por ciento. Explica un alto funcionario: “Con la mejora espectacular que hubo en el precio de las commodities, la rentabilidad de los productores se mantendrá igual o mejor que hace tres meses. Además, el alza de los precios internacionales es un factor de inflación que el Presidente no tiene reparos en admitir, por lo que las retenciones serán presentadas también como un dispositivo contra ese problema". Kirchner alardeó con que su esposa llevará el superávit fiscal al 4 por ciento. Ahora parece exagerado. En Hacienda apuntan a reponerlo en el 3,5 por ciento. Todavía no se sabe a quién le tocará la faena. Cuando el santacruceño llame desde su café literario, varias veces por día, a esa secretaría, ya no lo atenderá Carlos Mosse, que estará en La Plata, convertido en senador provincial. Aunque tal vez Mosse consiga que sea su segundo, Raúl Rigo, quien describa el estado de la caja al esposo de la Presidenta. Mas controvertido que el ajuste en las retenciones es el aumento de tarifas para consumidores domiciliarios de altos ingresos del que se habló durante el fin de semana. Julio De Vido confesaba ayer que no estaba al tanto de la medida. La suponía un deseo de Economía. Sobre el programa económico también pesa el conflicto sucesorio que agita al gabinete nacional. El Gobierno sigue negando la existencia de una crisis energética que deriva, sobre todo, de exacerbar la demanda con un retraso tarifario. De Vido sólo admite el ajuste previsto para febrero en los contratos de distribución de gas y electricidad. Las empresas que se dedican a este último negocio guardan silencio sobre el aumento de ingresos -alrededor de 9 por ciento- que autorizó el Gobierno hace pocas semanas, al derivarles recursos del Programa de Uso Racional de la Energía (PURE).

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