La suspensión de los derechos básicos y el despido de jueces independientes podrían conseguirle más tiempo en el gobierno al general Pervez Musharraf, pero los poderes excepcionales que se atribuyó probablemente agravarán la crisis política en Paquistán y envalentonarán a los militantes islámicos. Además, a los aliados occidentales de Musharraf les resultará cada vez más difícil respaldar a un líder militar que se apoderó dos veces del poder por la fuerza y se ha convertido en una figura aborrecida por muchos paquistaníes. "Es posible que Paquistán esté ahora en un callejón sin salida, del cual difícilmente pueda salir sin perjuicio", dijo ayer en un artículo publicado por el periódico Dawn el conocido defensor de los derechos humanos, I. A. Rehman, que anoche fue arrestado por la policía. Se esperaba que Musharraf colgara su uniforme militar este mes e inaugurara una era, largamente prometida, de democracia. Pero, temeroso de que la Corte Suprema estropeara sus planes de gobernar cinco años más como civil, optó por recurrir a medidas dictatoriales.
Las autoridades han bloqueado las cadenas de televisión independientes, por lo que le correspondió a la prensa paquistaní condenar con dureza la declaración de estado de emergencia, que muchos comparan con una ley marcial porque da poder absoluto al jefe militar. Musharraf destituyó al presidente de la Corte Suprema y las autoridades arrestaron en las últimas horas a cientos de rivales políticos del general e incluso allanaron la Comisión de Derechos Humanos de Paquistán, donde Rehman fue arrestado junto con más de 30 personas. Calificando la medida de "segundo golpe del general Musharraf", Dawn publicó fotos del mandatario, con su uniforme de combate, en el momento en que derrocó a un gobierno electo en 1999, al lado de imágenes de Musharraf, vestido de civil, cuando declaró, anteayer, el estado de emergencia por TV. Al justificar la medida, Musharraf dijo que los militantes islámicos se han convertido en una grave amenaza para Paquistán.
En efecto, los combatientes islámicos han logrado el control de áreas del noroeste del país y han lanzado docenas de ataques suicidas. Cientos de personas han muerto por la ola de violencia este año. Pero gran parte de la declaración del estado de emergencia se refiere al activismo de la Corte Suprema, a la que se acusa de trabajar "en contradicción" con el gobierno, socavando sus esfuerzos por combatir al extremismo. Entre otras cosas, se la critica por defender la liberación de docenas de paquistaníes sospechosos de terrorismo que los servicios de inteligencia mantienen, en secreto, bajo arresto. Musharraf decidió actuar en el momento en que la Corte estaba a punto de decidir si validaba su polémica victoria en las elecciones del 6 de octubre, un triunfo que sus oponentes consideraron inconstitucional.
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