Brasil, la paradoja

Brasil es una paradoja con forma de país. Visto desde el punto de la macroeconomía, va bien: creció un 5,2% en el último año hasta septiembre, en comparación con el periodo entre octubre de 2005 y septiembre de 2006, y su crecimiento económico en 2006 fue del 3,8%. Además, tiene todas sus cuentas en orden y los inversores y banqueros se declaran satisfechos. Sin embargo, como ha escrito la columnista política de Folha de São Paulo Eliane Cantanhêde, Brasil va bien, pero los brasileños no tanto. ¿Por qué? ¿Qué impide al país crecer al ritmo de las naciones en desarrollo, como India? Lo cierto es que Brasil sigue siendo un país de inmensas potencialidades —propias en muchos aspectos del primer mundo—, pero al mismo tiempo su motor renquea como el de un viejo avión al que le cuesta trabajo despegar.

Según los analistas políticos independientes, uno de los problemas más graves del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva es que, a pesar de tener teóricamente la mayoría en el Congreso, en la práctica no consigue aprobar las grandes leyes sin las cuales el país no consigue dar el salto que necesita, como las relativas a las reformas política, fiscal y de la Seguridad Social y a los problemas de la violencia y la educación, una asignatura en la que Brasil se sitúa en el furgón de cola del mundo.

El problema del Congreso es que los diputados y senadores brasileños no conocen la obediencia y la fidelidad a sus propios partidos, y acaban votando como quieren, a pesar de las consignas de los líderes de sus formaciones. Se pudo comprobar recientemente, cuando Lula perdió en el Senado una importante votación para renovar un impuesto de 20.000 millones de dólares anuales, el llamado impuesto del cheque. El Gobierno tenía votos suficientes para conseguir la prórroga de la tasa, pero siete de los senadores supuestamente afines le negaron su apoyo. En los últimos 19 años, de 2.110 enmiendas constitucionales presentadas, el Congreso sólo aprobó 19. De 30.297 proyectos, únicamente 458 obtuvieron respaldo. Al mismo tiempo, el Congreso se queja de las dificultades que encuentra para legislar, porque el Gobierno suspende su actividad constantemente presentando proyectos de ley con carácter de urgencia. El resultado es una especie de parálisis del Legislativo.

Lula abraza a una niña en una celebración navideña el pasado sábado, en São Paulo- EFE



De ahí la dificultad en aprobar cualquier reforma seria. Hay proyectos que se arrastran en el Parlamento desde hace 10 años, ya bajo las presidencias de Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso. Lula, desesperado, llegó a decir a un grupo de empresarios que tenía un demonio en su interior que le impulsaba a cerrar el Parlamento. Y éste, a su vez, se queja de que el Ejecutivo le impide de actuar. Con este panorama, los analistas son prácticamente unánimes al vaticinar que Brasil no podrá crecer al ritmo de las economías en desarrollo, ni podrá reducir el abismo de injusticia en la distribución de la renta, ni resolver el problema de la educación, con siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y muchos niños que, tras los cuatro primeros años de escolaridad, siguen siendo analfabetos. Tampoco podrá hacer frente a la violencia, que está llevando al país a blindarse físicamente y a las ciudades, a favelizarse, debido a la escasez de viviendas —son necesarias, al menos, ocho millones— y a la violencia generada por el tráfico de drogas, que anida en el territorio de nadie de las favelas. Como tampoco podrá acabar con el absurdo de una carga tributaria que roza el 40% y que lastra el crecimiento de las empresas. Éstos son los grandes desafíos que afrontará Lula en los tres años que le quedan de Gobierno. Por el momento, sólo tiene la certeza de la imperiosa necesidad de mejorar las relaciones con el Parlamento y con sus aliados políticos. Porque, tras los escándalos de corrupción de su primer mandato, sabe que no sirve de nada la política de compra de votos de congresistas, ya sea con cargos o con dinero, porque al final no da resultados y acaba poniendo en peligro la credibilidad de las instituciones democráticas.

Fuente: Diario El País de España