Tregua en Argentina

La suspensión de la huelga de tres semanas y bloqueo de carreteras de los agricultores argentinos, airados por el aumento de impuestos a la exportación de sus productos, ha proporcionado alivio no sólo a los desabastecidos mercados ciudadanos, sino también a la presidenta Cristina Fernández en su primera crisis seria, a los tres meses de ocupar la jefatura del Estado. El final provisional del enfrentamiento -el campo se da un respiro de un mes para negociar una solución- reedita, sin embargo, un modo de hacer política que sigue el preocupante precedente de años y regímenes pasados en Argentina.

La nueva mandataria y su marido y anterior presidente, Néstor Kirchner, han venido utilizando los impuestos a la exportación agropecuaria -y la intervención estatal a fondo- como espina dorsal de un programa económico personalista, que sustrae al Parlamento decisiones fundamentales. Si la decisión de gravar la exportación de soja, que en Argentina abunda, tuvo algún sentido para combatir los devastadores efectos de la crisis de 2001-2002, es un error su mantenimiento y aumento ahora hasta el 40%, para aprovechar el tirón internacional de la semilla. El país suramericano ha dejado atrás aquella negra etapa de su economía; crece desde hace cinco años al 8%; y cualquier Gobierno escrupuloso con los ingresos y el gasto público debería haber prescindido hace tiempo de ese castigo a sus agricultores, entre los más eficientes del mundo, con el pretexto de que sirve para combatir una inflación oficialmente contenida, pero que las fuentes más solventes sitúan en torno al 20% el año pasado.

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