Con la forzosa recuperación de la mayoría accionaria (50 por ciento más uno) en las petroleras Chaco, de la British Petroleum, y Transredes, de la británica Ashmore y la anglo-holandesa Shell, así como la adquisición total de la Compañía Logística de Hidrocarburos, de capitales alemanes y peruanos, y el contrato con la hispano-argentina Repsol-YPF, titular de Andina, para permitirle a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hacerse de igual paquete de título que en los dos primeros casos, el gobierno del Movimiento al Socialismo dio por consolidada su política de nacionalización de la industria de los hidrocarburos ayer, al recordarse el Día del Trabajo y cumplirse los dos años del decreto por el cual renegoció acuerdos previos logrando de las entonces capitalizadas, mejores condiciones económicas para la hacienda fiscal, además de establecer un plazo para que se avinieran a la transferencia concretada la víspera, aunque no por convenio entre partes, sino mediante otra disposición enmarcada en lo que se conoce como expropiación, luego de que las tratativas bilaterales fracasaran, excepción de una de ellas.
Más aun y de forma sorpresiva, el gobierno echó mano de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, filial de la italiana Euro Telecom Internacional. (ETI), quien frente a un anterior intento en ese sentido, en enero de 2007 y al resultar infructuosas sus conversaciones con una comisión creada al efecto, había acudido al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones, gestión que sin embargo ingresó en pausa en virtud del retiro gubernamental del organismo. De acuerdo con lo obrado el Estado, a través de YPFB, asumió el control de la telefónica y tres de las multinacionales petrolíferas, mientras que compartirá administración en la cuarta del mismo rubro.
Siga leyendo el editorial del diario Los Tiempos de Cochabamba, Bolivia
Más aun y de forma sorpresiva, el gobierno echó mano de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, filial de la italiana Euro Telecom Internacional. (ETI), quien frente a un anterior intento en ese sentido, en enero de 2007 y al resultar infructuosas sus conversaciones con una comisión creada al efecto, había acudido al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones, gestión que sin embargo ingresó en pausa en virtud del retiro gubernamental del organismo. De acuerdo con lo obrado el Estado, a través de YPFB, asumió el control de la telefónica y tres de las multinacionales petrolíferas, mientras que compartirá administración en la cuarta del mismo rubro.
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