"Esta tierra es mía", dicen ricos y pobres en Bolivia

Bajo la batalla política que libran el Gobierno de Bolivia, que busca imponer el socialismo, y los sectores más ricos de la población, que resisten parapetados en el distrito de Santa Cruz, se escondería una disputa milenaria: la propiedad de la tierra. Dividida entre la mayoritaria población indígena que sobrevive en la sierra occidental de la agricultura de subsistencia y los productores latifundistas de la fértil llanura oriental, Bolivia atraviesa una fuerte crisis política que tocará el domingo un punto de inflexión, cuando los cruceños decidan en un referendo si declaran su autonomía del poder central.


Formalmente, la consulta popular fue convocada como un intento por frenar el centralismo de La Paz, donde el izquierdista presidente Evo Morales ha diseñado una política de nacionalización de los recursos naturales que ha irritado a los empresarios y a la derecha conservadora. Sin embargo, analistas consideran que, tras la retórica autonomista de un departamento que es la capital económica del país, asoma al temor de los terratenientes a que una reforma agraria que impulsa el Gobierno les haga perder miles de hectáreas, que podrían terminar en manos de indígenas.

"En Santa Cruz, los grandes poderes económicos son agrícolas: la producción de soya, la producción de caña, los ingenios azucareros, las fábricas de aceite. Existen unas propiedades agrícolas que no se dan en ninguna parte con miles de hectáreas", explicó el analista político Alvaro Puente. "La gran mayoría de las tierras eran fiscales. En las épocas de dictaduras, los sectores poderosos ponían el dedo en el mapa y elegían las tierras que querían", agregó.

CRUCE DE ACUSACIONES

Las relaciones entre Gobierno y oposición se tensaron más en diciembre cuando Morales, que llamó a sus seguidores a abstenerse en el referendo, logró que una asamblea constituyente dominada por el oficialismo aprobara en solitario una reforma a la carta magna que aumentará el control del Estado sobre la economía y dará mayor poder a los indígenas. Morales, el primer presidente indígena en la historia de Bolivia, ha prometido repartir entre la población aborigen los campos en manos de terratenientes cuyos títulos de propiedad cuenten con irregularidades. Según dijo a Reuters el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, "casi no existen papeles exentos de vicios". Datos oficiales muestran que Santa Cruz, el departamento con
menos presencia indígena del país según analistas, concentra más de un tercio de las 100 millones de hectáreas en manos privadas en Bolivia. De ellas, entre un 60 por ciento y un 70 por ciento serían propiedad de latifundistas. El gerente general de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Oswaldo Barriga Karlbaum, se quejó de que la incertidumbre generada por la política de tierra está afectando el acceso de los empresarios agropecuarios al financiamiento.

Si el estatuto cruceño se aprueba el domingo como se espera, el distrito podrá establecer teóricamente su propia política de tierras, neutralizando cualquier intento de redistribución dictado por La Paz.

EL CAMINO DE LA NEGOCIACION

Para los promotores del referendo autonómico, que en los próximos meses será imitado por otros tres departamentos opositores que albergan gran parte de las enormes reservas de gas natural del país, la cuestión de la tierra sólo es una parte del conflicto. "Lo que buscamos más bien nosotros es algo mucho más equitativo. Buscamos un sistema de tierra que se despolitice y más bien aquellos que producen puedan ayudar y aportar a los que menos producen", afirmó a Reuters el empresario aceitero Branko Marincovic, uno de los principales líderes autonomistas cruceños. En tanto, el presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz Antelo, explicó a Reuters que la mejor manera de combatir el latifundio no es con expropiaciones, sino "obligando a pagar impuestos muy fuertes para que mantengan la tierra quienes puedan producir en ella". Pero, para el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, "el estatuto autonómico que se pretende aprobar de manera ilegal el domingo tiene como centro de gravedad el de ejercer el poder absoluto sobre la política de las tierras desde el departamento". Pese a las posiciones encontradas, observadores coinciden en que Morales deberá negociar con la oposición su política de tierras para evitar una escalada aún mayor en el conflicto, que podría terminan escindiendo a Bolivia en varias regiones autónomas. Pero, los márgenes son limitados, con la base de sustento de Morales -los millones de indígenas que hace poco más de dos años lo llevaron a la presidencia- recordándole su promesa de sacarlos de la pobreza con un equitativo reparto de la tierra.