El segundo gran desafío de varias regiones bolivianas al proyecto indigenista del presidente Evo Morales tendrá lugar mañana en los departamentos de Beni y Pando que, al igual que hiciera el hegemónico departamento de Santa Cruz el pasado día 4 y hará el de Tarija el 21 de junio, someterán a votación sus estatutos de autonomía. La Paz considera ilegal tanto la redacción de los textos como la convocatoria electoral.
El Gobierno de La Paz considera ilegal la convocatoria electoral. Las votaciones de mañana forman parte de la hoja de ruta marcada por los autonomistas de la llamada media luna boliviana, la parte occidental del país, que no pertenece al altiplano y con una presencia indígena sensiblemente menor al resto del país. Esta parte de Bolivia, que concentra en sus manos la mayor renta per cápita y los principales recursos financieros y naturales, se opone a la Constitución elaborada por el Movimiento al Socialismo (MAS), que consagra un modelo indigenista-socialista para terminar con lo que Morales considera 500 años de opresión sobre las poblaciones autóctonas.
La atención se centra en los posibles brotes de violencia que puedan surgir entre partidarios y detractores de Morales. Una violencia que si bien hasta ahora ha sido esporádica amenaza con incendiar una situación donde los bandos enfrentados han ido acumulando argumentos, agravios y hombres dispuestos a tomarse la justicia por su mano. De hecho, la capital constitucional, Sucre, se convirtió el pasado fin de semana en escenario de violentos enfrentamientos que obligaron a Morales a suspender una visita a la ciudad.
En un hecho que muestra a qué punto han llegado las cosas, decenas de indígenas fueron obligados a desnudarse parcialmente y, arrodillados en el suelo, proferir insultos contra el presidente en pleno centro de la ciudad.
El tercer y último acto del pulso entre autonomismo e indigenismo tendrá lugar el próximo 21 de junio en el departamento de Tarija, una región muy rica en hidrocarburos. En todos los casos está previsto que los autonomistas se impongan en las urnas en una convocatoria a la que no acuden los partidarios del Gobierno. Y de este modo, al menos cuatro de las nueve regiones en las que se divide el país tendrán textos de autogobierno aprobados en referendos incompatibles con la nueva Constitución, que, pendiente a su vez de referéndum popular, aún no está en vigor.
Pero la cita definitiva será el 10 de agosto cuando todos los bolivianos deberán expresarse sobre si Morales puede seguir siendo presidente constitucional y los nueve gobernadores del país seguir al frente de sus respectivos departamentos. El problema que ahora se presenta para todas las partes es llegar a esa fecha sin que antes se produzca el temido estallido de violencia que torne la situación fuera de control.
Fuente: Diario El País de España
El Gobierno de La Paz considera ilegal la convocatoria electoral. Las votaciones de mañana forman parte de la hoja de ruta marcada por los autonomistas de la llamada media luna boliviana, la parte occidental del país, que no pertenece al altiplano y con una presencia indígena sensiblemente menor al resto del país. Esta parte de Bolivia, que concentra en sus manos la mayor renta per cápita y los principales recursos financieros y naturales, se opone a la Constitución elaborada por el Movimiento al Socialismo (MAS), que consagra un modelo indigenista-socialista para terminar con lo que Morales considera 500 años de opresión sobre las poblaciones autóctonas.
La atención se centra en los posibles brotes de violencia que puedan surgir entre partidarios y detractores de Morales. Una violencia que si bien hasta ahora ha sido esporádica amenaza con incendiar una situación donde los bandos enfrentados han ido acumulando argumentos, agravios y hombres dispuestos a tomarse la justicia por su mano. De hecho, la capital constitucional, Sucre, se convirtió el pasado fin de semana en escenario de violentos enfrentamientos que obligaron a Morales a suspender una visita a la ciudad.
En un hecho que muestra a qué punto han llegado las cosas, decenas de indígenas fueron obligados a desnudarse parcialmente y, arrodillados en el suelo, proferir insultos contra el presidente en pleno centro de la ciudad.
El tercer y último acto del pulso entre autonomismo e indigenismo tendrá lugar el próximo 21 de junio en el departamento de Tarija, una región muy rica en hidrocarburos. En todos los casos está previsto que los autonomistas se impongan en las urnas en una convocatoria a la que no acuden los partidarios del Gobierno. Y de este modo, al menos cuatro de las nueve regiones en las que se divide el país tendrán textos de autogobierno aprobados en referendos incompatibles con la nueva Constitución, que, pendiente a su vez de referéndum popular, aún no está en vigor.
Pero la cita definitiva será el 10 de agosto cuando todos los bolivianos deberán expresarse sobre si Morales puede seguir siendo presidente constitucional y los nueve gobernadores del país seguir al frente de sus respectivos departamentos. El problema que ahora se presenta para todas las partes es llegar a esa fecha sin que antes se produzca el temido estallido de violencia que torne la situación fuera de control.
Fuente: Diario El País de España
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