BOLIVIA: Confusión institucional

Bolivia vive, desde hace muchos años, en un verdadero laberinto institucional que provoca confusiones y desconfianzas en la población. Desde la época de la llamada "democracia pactada", la constitución de entidades públicas —sobre todo en el campo judicial— fue un verdadero campo de batalla, donde cada partido político o agrupación ciudadana quería obtener la mayor ventaja posible. En esas condiciones, indignas dentro de un sistema de derecho serio, el país ha desembocado en un punto extremo: una confusión total, sin explicaciones claras y en vísperas de un referéndum que, por su carácter revocatorio, tiene la mayor importancia y los más altos riesgos de interpretación.

No se puede admitir que los bolivianos deban caminar a cuestas con interinatos que se prolongan por años o con acefalías que paralizan instituciones fundamentales del país.

De inicio, se tiene un Tribunal Constitucional (TC) donde, de cinco miembros titulares y cinco suplentes, sólo ha quedado una magistrada para atender un espectro tan grande como la máxima consulta jurídica nacional. Y existe una Corte Nacional Electoral (CNE) con tres integrantes que conforman un quórum precario ya que el retiro de uno de ellos o su impedimento invalidaría las acciones de esa importante institución en momentos de frecuentes elecciones y referendos.

La responsabilidad de todo esto se halla en manos de quienes tienen la obligación de designar a jurisconsultos y altos ejecutivos del Estado en diversas áreas que ofician, casi por norma, interinamente. ¿Y por qué ocurre esta anomalía? Porque es el Congreso Nacional el encargado de proceder a estas designaciones y lo ignora. Es que la mezquindad política en Bolivia supera el interés de la propia patria y, por tanto, pasan los años, transcurren las gestiones gubernamentales y no se puede arribar a acuerdos que echen raíces firmes para una verdadera democracia.

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