El Tribunal Constitucional, mediante decreto, dispuso ayer la suspensión del referéndum revocatorio de mandato previsto para el 10 de agosto próximo, hasta que este órgano de control constitucional se pronuncie sobre el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad planteado por el diputado de Unidad Nacional (UN) Arturo Murillo, contra la ley con la que se convocó a la consulta.
La determinación, asumida por la única magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Silvia Salame, provocó la reacción inmediata del Gobierno, que anoche calificó de "cantinflada" la decisión, por su falta de sustento legal, y comunicó que no acatarían la misma y el referéndum se realizará en la fecha fijada.
Asimismo, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, en rueda de prensa, anunció el inicio de una acción penal por el delito de prevaricato contra la magistrada, a quien acusó de haberse convertido en una persona servil a las intenciones de un prefecto (Manfred Reyes Villa) y un diputado (Arturo Murillo).
Por su parte, las autoridades aludidas por San Miguel, tras conocer la determinación del órgano constitucional celebraron la misma y anticiparon que ahora, correspondía a la Corte Nacional Electoral (CNE), dar cumplimiento a la suspensión, debido a que las decisiones del Tribunal son inapelables e irrevisables.
"Estamos viendo que en el país todavía existe justicia, que el TC, aunque con una sola magistrada en funciones, en base a toda la jurisprudencia que se tiene, paralizó el referéndum revocatorio atendiendo los recursos presentados por el diputado Murillo y obviamente el nuestro", manifestó el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anoche, sin ocultar su satisfacción por esa determinación.
La determinación fue respaldada por algunos constitucionalistas y juristas, es el caso del ex presidente del TC Willman Durán, que la paralización del proceso corresponde, ya que las resoluciones que se dictan en materia constitucional no se pueden retrotraer y no tendrían ninguna eficacia si es que se dictan con carácter posterior a verificada la consulta.
Siga leyendo el artículo del diario Los Tiempos de Cochabamba, Bolivia
La determinación, asumida por la única magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Silvia Salame, provocó la reacción inmediata del Gobierno, que anoche calificó de "cantinflada" la decisión, por su falta de sustento legal, y comunicó que no acatarían la misma y el referéndum se realizará en la fecha fijada.
Asimismo, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, en rueda de prensa, anunció el inicio de una acción penal por el delito de prevaricato contra la magistrada, a quien acusó de haberse convertido en una persona servil a las intenciones de un prefecto (Manfred Reyes Villa) y un diputado (Arturo Murillo).
Por su parte, las autoridades aludidas por San Miguel, tras conocer la determinación del órgano constitucional celebraron la misma y anticiparon que ahora, correspondía a la Corte Nacional Electoral (CNE), dar cumplimiento a la suspensión, debido a que las decisiones del Tribunal son inapelables e irrevisables.
"Estamos viendo que en el país todavía existe justicia, que el TC, aunque con una sola magistrada en funciones, en base a toda la jurisprudencia que se tiene, paralizó el referéndum revocatorio atendiendo los recursos presentados por el diputado Murillo y obviamente el nuestro", manifestó el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anoche, sin ocultar su satisfacción por esa determinación.
La determinación fue respaldada por algunos constitucionalistas y juristas, es el caso del ex presidente del TC Willman Durán, que la paralización del proceso corresponde, ya que las resoluciones que se dictan en materia constitucional no se pueden retrotraer y no tendrían ninguna eficacia si es que se dictan con carácter posterior a verificada la consulta.
Siga leyendo el artículo del diario Los Tiempos de Cochabamba, Bolivia
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario