El gobierno del presidente Rafael Correa se apoderó ayer de dos canales de televisión de un grupo empresario vinculado a ex banqueros prófugos, en una medida duramente criticada por la oposición, que denunció que se trató de una jugada política para acallar a la prensa antes del referéndum constitucional previsto para fines de septiembre. La apropiación de los canales Gamavisión y TC Televisión provocó, además, la renuncia del ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, y la peor caída en los bonos desde mediados de junio, ante el creciente temor de los inversores a una radicalización de los planes de Correa para llevar al país hacia "el socialismo del siglo XXI".
Los canales apropiados mantenían una línea editorial moderada y, si bien frecuentemente cuestionaban al gobierno, no lo hacían al mismo nivel que otros medios de comunicación que mantienen confrontaciones abiertas con la administración de Correa. La polémica medida fue ejecutada por la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), en el marco de la apropiación de todos los bienes de propiedad de los administradores y accionistas del ex Filanbanco, cuyos propietarios eran los hermanos Roberto y William Isaías, que desde el año 2000 residen en Miami.
"Con esta medida, que debió haber sido tomada hace diez años, renace la esperanza de cientos de ciudadanos a los que nunca se les devolvió su dinero luego de la quiebra de Filanbanco", señaló en un comunicado la AGD. Ese organismo es la entidad encargada de recuperar el dinero que el Estado destinó para salvar a los bancos intervenidos a fines de los 90 -entre los que se encuentra Filanbanco-, durante la peor crisis bancaria que atravesó el país.
La apropiación de los canales televisivos, junto con otras 193 empresas, fue realizada para intentar cobrar las deudas que dejó Filanbanco tras su quiebra. Los propietarios de los canales, sin embargo, negaron cualquier relación empresarial con los ex banqueros. "Gamavisión no tiene nada que ver con Filanbanco. Lo que el gobierno quiere es silenciar a medios de comunicación que se han dedicado a decir la verdad", declaró el presidente de ese canal, Alvaro Dassum. Sus declaraciones se sumaron a la ola de críticas que despertó la medida en los medios locales.
"Se empieza a configurar lo que veníamos denunciando desde hace tiempo: que la libertad de expresión en el país está en peligro", expresó el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión y gerente de Gamavisión, Nicolás Vega. "Estamos viviendo circunstancias similares a las que han vivido medios de comunicación en otros países", dijo, por su parte, el periodista Fernando Aguayo, de TC Televisión, que es propiedad de Estéfano Isaías, hermano de los ex banqueros acusados de malversación de fondos.
En tanto, el subdirector del diario El Universo , Emilio Palacio, opinó que la apropiación "es una medida totalmente arbitraria, para amordazar a los medios que puedan dar cabida a voces críticas antes del inicio de la campaña electoral". Palacio aludió así a la votación, en septiembre, del referéndum constitucional que promueve Correa, que incluye una enmienda que le permitiría postularse a la reelección inmediata. El propio Correa, sin embargo, negó que la apropiación de los canales, ambos de señal abierta en el nivel nacional, fuera una jugada política. "Lo que menos le interesa al gobierno es ser administrador de esos bienes. Lo que sí nos interesa es que se haga justicia y los que atracaron al pueblo ecuatoriano en esa crisis bancaria respondan con sus bienes", dijo.
Por su parte, la flamante ministra de Finanzas, Wilma Salgado, que ayer reemplazó a Ortiz en el cargo luego de que éste renunció por no avalar la medida, aseguró que se resguardará "la estabilidad de los trabajadores" de ambos canales. Estas declaraciones tuvieron lugar luego de que cientos de empleados protagonizaron dramáticas escenas para que se les garantizara estabilidad laboral.
Fuente: Diario La Nación de Buenos Aires
Los canales apropiados mantenían una línea editorial moderada y, si bien frecuentemente cuestionaban al gobierno, no lo hacían al mismo nivel que otros medios de comunicación que mantienen confrontaciones abiertas con la administración de Correa. La polémica medida fue ejecutada por la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), en el marco de la apropiación de todos los bienes de propiedad de los administradores y accionistas del ex Filanbanco, cuyos propietarios eran los hermanos Roberto y William Isaías, que desde el año 2000 residen en Miami.
"Con esta medida, que debió haber sido tomada hace diez años, renace la esperanza de cientos de ciudadanos a los que nunca se les devolvió su dinero luego de la quiebra de Filanbanco", señaló en un comunicado la AGD. Ese organismo es la entidad encargada de recuperar el dinero que el Estado destinó para salvar a los bancos intervenidos a fines de los 90 -entre los que se encuentra Filanbanco-, durante la peor crisis bancaria que atravesó el país.
La apropiación de los canales televisivos, junto con otras 193 empresas, fue realizada para intentar cobrar las deudas que dejó Filanbanco tras su quiebra. Los propietarios de los canales, sin embargo, negaron cualquier relación empresarial con los ex banqueros. "Gamavisión no tiene nada que ver con Filanbanco. Lo que el gobierno quiere es silenciar a medios de comunicación que se han dedicado a decir la verdad", declaró el presidente de ese canal, Alvaro Dassum. Sus declaraciones se sumaron a la ola de críticas que despertó la medida en los medios locales.
"Se empieza a configurar lo que veníamos denunciando desde hace tiempo: que la libertad de expresión en el país está en peligro", expresó el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión y gerente de Gamavisión, Nicolás Vega. "Estamos viviendo circunstancias similares a las que han vivido medios de comunicación en otros países", dijo, por su parte, el periodista Fernando Aguayo, de TC Televisión, que es propiedad de Estéfano Isaías, hermano de los ex banqueros acusados de malversación de fondos.
En tanto, el subdirector del diario El Universo , Emilio Palacio, opinó que la apropiación "es una medida totalmente arbitraria, para amordazar a los medios que puedan dar cabida a voces críticas antes del inicio de la campaña electoral". Palacio aludió así a la votación, en septiembre, del referéndum constitucional que promueve Correa, que incluye una enmienda que le permitiría postularse a la reelección inmediata. El propio Correa, sin embargo, negó que la apropiación de los canales, ambos de señal abierta en el nivel nacional, fuera una jugada política. "Lo que menos le interesa al gobierno es ser administrador de esos bienes. Lo que sí nos interesa es que se haga justicia y los que atracaron al pueblo ecuatoriano en esa crisis bancaria respondan con sus bienes", dijo.
Por su parte, la flamante ministra de Finanzas, Wilma Salgado, que ayer reemplazó a Ortiz en el cargo luego de que éste renunció por no avalar la medida, aseguró que se resguardará "la estabilidad de los trabajadores" de ambos canales. Estas declaraciones tuvieron lugar luego de que cientos de empleados protagonizaron dramáticas escenas para que se les garantizara estabilidad laboral.
Fuente: Diario La Nación de Buenos Aires
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