La sorpresiva decisión del Gobierno y de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) de incautarse de todos los bienes de quienes eran administradores y accionistas de Filanbanco, en 1998, con el fin de recuperar activos y cubrir las pérdidas determinadas en USD 661 millones, presenta aristas que es imprescindible analizar con calma y objetividad.
Es indudable que la decisión tiene acogida política, por los graves efectos de la crisis de 1999 y por la percepción generalizada de que el perjuicio no ha sido saldado. Si bien la familia Isaías Dassum alega que la Ley no es retroactiva y que no hay sentencia que pruebe alguna causal para la incautación, la AGD decidió aplicar el artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica y Tributaria.
En tal virtud, se incautará de los bienes y los transferirá a un fideicomiso, mientras se prueba su propiedad. De cualquier modo, quedan por conocerse con detalle los fundamentos de la decisión de la Junta Bancaria que dio pie a la acción.
En su comunicado, la AGD señaló que la medida debía haber sido tomada hace 10 años. Es una afirmación que llama la atención, pues una acción de ese tipo no tuvo lugar en la administración de Wilma Salgado, ex gerenta de la AGD, quien acaba de recibir la amnistía de la Asamblea y desde ayer está al frente de Finanzas. Su antecesor dejó el cargo por estar en desacuerdo con el procedimiento.
El segundo hecho que llama la atención es que la incautación involucre a medios de comunicación. Es verdad que la autoridad no conoce de antemano la valoración de los activos y no podía actuar selectivamente, pero la historia reciente del diario El Telégrafo -que terminó en manos del Estado- abre dudas de que la autoridad cumpla el difícil objetivo de liquidar las cuentas rápidamente. El país debe estar muy atento para que la administración sea temporal y no haya injerencia gubernamental en el contenido.
La incautación de los medios del Grupo Isaías se da horas después de que la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guayas clausuró Radio Sucre, alegando, en cambio, incumplimientos técnicos; se conoce que hay otras frecuencias en similar situación. Todo ello obliga a extremar la vigilancia para que no se afecte a la libertad de expresión.
Fuente: Editorial del diario El Comercio de Quito
Es indudable que la decisión tiene acogida política, por los graves efectos de la crisis de 1999 y por la percepción generalizada de que el perjuicio no ha sido saldado. Si bien la familia Isaías Dassum alega que la Ley no es retroactiva y que no hay sentencia que pruebe alguna causal para la incautación, la AGD decidió aplicar el artículo 29 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica y Tributaria.
En tal virtud, se incautará de los bienes y los transferirá a un fideicomiso, mientras se prueba su propiedad. De cualquier modo, quedan por conocerse con detalle los fundamentos de la decisión de la Junta Bancaria que dio pie a la acción.
En su comunicado, la AGD señaló que la medida debía haber sido tomada hace 10 años. Es una afirmación que llama la atención, pues una acción de ese tipo no tuvo lugar en la administración de Wilma Salgado, ex gerenta de la AGD, quien acaba de recibir la amnistía de la Asamblea y desde ayer está al frente de Finanzas. Su antecesor dejó el cargo por estar en desacuerdo con el procedimiento.
El segundo hecho que llama la atención es que la incautación involucre a medios de comunicación. Es verdad que la autoridad no conoce de antemano la valoración de los activos y no podía actuar selectivamente, pero la historia reciente del diario El Telégrafo -que terminó en manos del Estado- abre dudas de que la autoridad cumpla el difícil objetivo de liquidar las cuentas rápidamente. El país debe estar muy atento para que la administración sea temporal y no haya injerencia gubernamental en el contenido.
La incautación de los medios del Grupo Isaías se da horas después de que la Superintendencia de Telecomunicaciones de Guayas clausuró Radio Sucre, alegando, en cambio, incumplimientos técnicos; se conoce que hay otras frecuencias en similar situación. Todo ello obliga a extremar la vigilancia para que no se afecte a la libertad de expresión.
Fuente: Editorial del diario El Comercio de Quito
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