Hace hoy justo una semana el ex obispo Fernando Lugo asumió la presidencia de Paraguay, con dos principios fundamentales de credo político: honestidad y austeridad. Lugo, que venció las elecciones presidenciales el pasado abril al frente de una heterogénea coalición de izquierdas llamada Alianza Patriótica para el Cambio, con lo que se puso fin a 61 años de poder absoluto del Partido Colorado, quiere, al parecer, moverse con prudencia sin precipitar choques con la minoría político-empresarial que controla el depauperado país suramericano de seis millones de habitantes.
Es inteligente de su parte no provocar inmediatamente grandes convulsiones -la prudencia quizás venga influida de su pasado eclesiástico-, pero debe ser consciente de que si realmente quiere realizar las transformaciones radicales de transparencia y honradez que Paraguay necesita, y que el nuevo jefe del Estado ha prometido, va a tener que enfrentarse a los sectores privilegiados.
De momento, el nuevo presidente ha constituido Gobierno y relevado al jefe nacional de la policía. Antes de su investidura anunció que tenía intención de decretar una subida de impuestos, llevar a cabo una reforma agraria (apenas 200 familias poseen el 70% de la tierra), perseguir el contrabando y mejorar el nivel de vida del funcionariado y de la policía para tratar de erradicar el gran cáncer de la corrupción rampante generada por el poder omnímodo del Partido Colorado.
Las expectativas que ha generado el cambio son enormes. Más del 75% de los paraguayos cree que el país mejorará con el Gobierno de coalición y el 60% piensa que los resultados de la gestión del nuevo presidente se notarán muy pronto. Así, pues, la presión social va a hacer muy difícil a Lugo moverse con cautela, pero tendrá que bregar duro para sacar leyes de un Parlamento en el que los colorados siguen siendo la primera formación.
Lugo pretende moverse en la ambivalencia de un modelo de izquierda que no será copia exacta del de Venezuela, Bolivia o Ecuador, pero tampoco de Brasil, Argentina o Chile. Con los brasileños tendrá que resolver, como ya anticipó durante la campaña, la delicada papeleta de revisar la tarifa de suministro eléctrico que prácticamente Paraguay vende a sus vecinos a precio de coste. El nuevo mandatario paraguayo quiere acabar con ese privilegio que goza Brasilia desde 1973.
Fuente: Diario El País de España
Es inteligente de su parte no provocar inmediatamente grandes convulsiones -la prudencia quizás venga influida de su pasado eclesiástico-, pero debe ser consciente de que si realmente quiere realizar las transformaciones radicales de transparencia y honradez que Paraguay necesita, y que el nuevo jefe del Estado ha prometido, va a tener que enfrentarse a los sectores privilegiados.
De momento, el nuevo presidente ha constituido Gobierno y relevado al jefe nacional de la policía. Antes de su investidura anunció que tenía intención de decretar una subida de impuestos, llevar a cabo una reforma agraria (apenas 200 familias poseen el 70% de la tierra), perseguir el contrabando y mejorar el nivel de vida del funcionariado y de la policía para tratar de erradicar el gran cáncer de la corrupción rampante generada por el poder omnímodo del Partido Colorado.
Las expectativas que ha generado el cambio son enormes. Más del 75% de los paraguayos cree que el país mejorará con el Gobierno de coalición y el 60% piensa que los resultados de la gestión del nuevo presidente se notarán muy pronto. Así, pues, la presión social va a hacer muy difícil a Lugo moverse con cautela, pero tendrá que bregar duro para sacar leyes de un Parlamento en el que los colorados siguen siendo la primera formación.
Lugo pretende moverse en la ambivalencia de un modelo de izquierda que no será copia exacta del de Venezuela, Bolivia o Ecuador, pero tampoco de Brasil, Argentina o Chile. Con los brasileños tendrá que resolver, como ya anticipó durante la campaña, la delicada papeleta de revisar la tarifa de suministro eléctrico que prácticamente Paraguay vende a sus vecinos a precio de coste. El nuevo mandatario paraguayo quiere acabar con ese privilegio que goza Brasilia desde 1973.
Fuente: Diario El País de España
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