El acuerdo provisional alcanzado ayer entre el Congreso y el Gobierno estadounidense, que deberán refrendar ahora la Cámara de Representantes y el Senado, y que autoriza al Tesoro a inyectar paulatinamente hasta 700.000 millones de dólares con el fin de evitar el colapso de su sistema financiero es una buena noticia. Sobre todo para EE UU, pero también para todas las economías, como la española, muy dependientes de la estabilidad financiera internacional. La apertura hoy de las Bolsas mundiales dará una primera medida de su credibilidad.
Nunca EE UU precisó de una intervención pública de esa envergadura y complejidad. Nunca desde la gran depresión un ministro del Tesoro dispuso de tanta discrecionalidad como la que ejercerá Henry Paulson para adquirir por cuenta de los contribuyentes activos infectados, no sólo hipotecas subprime, que, más de un año después del comienzo de la crisis crediticia, siguen gangrenando al sistema financiero. Aunque hay que señalar que el compromiso provisional adoptado por los jefes republicanos y demócratas, tras una maratón negociadora multibanda, altera no poco el plan de rescate inicial de Wall Street propuesto por la Administración de Bush, a la que se otorgaban poderes ilimitados.
El borrador de proyecto de ley incorpora condiciones de ambos partidos, algunas más emblemáticas que significativas, como las limitaciones a las remuneraciones, escandalosas, de los ejecutivos cuyas firmas pidan ayudas. Se acentúa la defensa de los prestatarios ante las ejecuciones hipotecarias por impago y se concreta que el Gobierno reciba acciones de las compañías a las que socorre, para aliviar las aportaciones netas del contribuyente a la gestión de la crisis. Un control de las Cámaras, que se presume riguroso, permitirá ir evaluando los costes y beneficios de esta megaoperación, que según los primeros sondeos resulta muy impopular entre los estadounidenses.
Pese a las serias discrepancias iniciales, es relevante la celeridad con que ha reaccionado la clase política de EE UU al más severo trauma económico en muchas décadas. En plena campaña electoral -McCain y Obama dieron ayer su conformidad provisional- los dos grandes partidos han puesto a los ciudadanos por delante de sus intereses políticos y, en algún caso, de sus principios ideológicos más arraigados. Todos convienen en que la inacción, dejar tan gravísima crisis al arbitrio de unos mercados ineficientes, habría sido una irresponsabilidad histórica.
El acuerdo alcanzado no garantiza la inmediata normalización crediticia en EE UU, y menos en el resto de las economías afectadas, pero era condición imprescindible para no reproducir los errores que condujeron a la gran depresión. Al compromiso estadounidense deberían seguirle iniciativas en Europa para alejar amenazas específicas que, como ilustra la segunda nacionalización en el Reino Unido o las dificultades del mayor banco belga, siguen vivas a este lado del Atlántico.
Fuente: Editorial del diario El País de España
Nunca EE UU precisó de una intervención pública de esa envergadura y complejidad. Nunca desde la gran depresión un ministro del Tesoro dispuso de tanta discrecionalidad como la que ejercerá Henry Paulson para adquirir por cuenta de los contribuyentes activos infectados, no sólo hipotecas subprime, que, más de un año después del comienzo de la crisis crediticia, siguen gangrenando al sistema financiero. Aunque hay que señalar que el compromiso provisional adoptado por los jefes republicanos y demócratas, tras una maratón negociadora multibanda, altera no poco el plan de rescate inicial de Wall Street propuesto por la Administración de Bush, a la que se otorgaban poderes ilimitados.
El borrador de proyecto de ley incorpora condiciones de ambos partidos, algunas más emblemáticas que significativas, como las limitaciones a las remuneraciones, escandalosas, de los ejecutivos cuyas firmas pidan ayudas. Se acentúa la defensa de los prestatarios ante las ejecuciones hipotecarias por impago y se concreta que el Gobierno reciba acciones de las compañías a las que socorre, para aliviar las aportaciones netas del contribuyente a la gestión de la crisis. Un control de las Cámaras, que se presume riguroso, permitirá ir evaluando los costes y beneficios de esta megaoperación, que según los primeros sondeos resulta muy impopular entre los estadounidenses.
Pese a las serias discrepancias iniciales, es relevante la celeridad con que ha reaccionado la clase política de EE UU al más severo trauma económico en muchas décadas. En plena campaña electoral -McCain y Obama dieron ayer su conformidad provisional- los dos grandes partidos han puesto a los ciudadanos por delante de sus intereses políticos y, en algún caso, de sus principios ideológicos más arraigados. Todos convienen en que la inacción, dejar tan gravísima crisis al arbitrio de unos mercados ineficientes, habría sido una irresponsabilidad histórica.
El acuerdo alcanzado no garantiza la inmediata normalización crediticia en EE UU, y menos en el resto de las economías afectadas, pero era condición imprescindible para no reproducir los errores que condujeron a la gran depresión. Al compromiso estadounidense deberían seguirle iniciativas en Europa para alejar amenazas específicas que, como ilustra la segunda nacionalización en el Reino Unido o las dificultades del mayor banco belga, siguen vivas a este lado del Atlántico.
Fuente: Editorial del diario El País de España
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