La visita a México del presidente Barack Obama se inscribe en una situación de excepcional degradación institucional al sur de la frontera de Estados Unidos. La inseguridad y la violencia, producto de la guerra del narcotráfico y otras industrias del delito, en particular el secuestro, nunca habían sido tan graves en México como ahora. Los 7.000 muertos de 2008 duplicaron la cifra del 2007. Y tan sólo en el primer trimestre de este año se cuentan 1.000 muertos. El año pasado hubo un promedio de 17 secuestros por día en todo el país, y el índice de impunidad de los delitos llegó al 99%, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Gobierno del presidente Felipe Calderón comenzó con una operación firme del Ejército en tareas de combate al narcotráfico. A pesar de su espectacularidad, los resultados han sido escasos. Los grupos delictivos multiplicaron su capacidad ofensiva y su control a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, sobre todo en Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Tabasco, entre otros Estados. Por su parte, el Gobierno mexicano ha reducido el problema a media docena de localidades, entre ellas, Ciudad Juárez. Sin embargo, las bajas de esta guerra están en todas partes: delincuentes, militares, policías, ciudadanos.
Bajo la disputa del monopolio de la violencia entre el Estado y los narcotraficantes en sus diversas facciones, que luchan entre sí por la hegemonía del crimen y el dominio de los territorios, el despliegue de 90.000 soldados en varios puntos del país se ha convertido en un factor que tiende a empeorar los escenarios por el abuso de la fuerza y su falta de respeto a los derechos humanos. Al visitar México, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Louise Arbour, expresó ya el peligro que implica esta participación.
Al igual que otras veces durante los últimos años, el Gobierno mexicano ofreció, en víspera de un encuentro binacional y como muestra de su voluntad de combatir al narcotráfico, la detención de un narcotraficante de renombre. En este caso, se detuvo a Vicente Carrillo Leyva, hijo del que fuera jefe del cártel de Juárez Amado Carrillo Fuentes, el extinto Señor de los cielos. A pesar de que desde 1998 hubo orden de aprehensión contra Carrillo Leyva, derivada del Maxiproceso del Gobierno contra tal grupo criminal, las autoridades permitieron que éste, originario del Estado de Sinaloa al noroeste del país, se instalara en un barrio adinerado de la capital, previa cirugía estética que apenas le modificó la nariz, y viviera libre durante años como un joven empresario.
Siga leyendo el artículo de opinión de SERGIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, publicado en el diario El País de España
El Gobierno del presidente Felipe Calderón comenzó con una operación firme del Ejército en tareas de combate al narcotráfico. A pesar de su espectacularidad, los resultados han sido escasos. Los grupos delictivos multiplicaron su capacidad ofensiva y su control a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, sobre todo en Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Tabasco, entre otros Estados. Por su parte, el Gobierno mexicano ha reducido el problema a media docena de localidades, entre ellas, Ciudad Juárez. Sin embargo, las bajas de esta guerra están en todas partes: delincuentes, militares, policías, ciudadanos.
Bajo la disputa del monopolio de la violencia entre el Estado y los narcotraficantes en sus diversas facciones, que luchan entre sí por la hegemonía del crimen y el dominio de los territorios, el despliegue de 90.000 soldados en varios puntos del país se ha convertido en un factor que tiende a empeorar los escenarios por el abuso de la fuerza y su falta de respeto a los derechos humanos. Al visitar México, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Louise Arbour, expresó ya el peligro que implica esta participación.
Al igual que otras veces durante los últimos años, el Gobierno mexicano ofreció, en víspera de un encuentro binacional y como muestra de su voluntad de combatir al narcotráfico, la detención de un narcotraficante de renombre. En este caso, se detuvo a Vicente Carrillo Leyva, hijo del que fuera jefe del cártel de Juárez Amado Carrillo Fuentes, el extinto Señor de los cielos. A pesar de que desde 1998 hubo orden de aprehensión contra Carrillo Leyva, derivada del Maxiproceso del Gobierno contra tal grupo criminal, las autoridades permitieron que éste, originario del Estado de Sinaloa al noroeste del país, se instalara en un barrio adinerado de la capital, previa cirugía estética que apenas le modificó la nariz, y viviera libre durante años como un joven empresario.
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