La promulgación en Arizona de una polémica ley que criminaliza a los indocumentados disparó un fuerte debate sobre la inmigración en los Estados Unidos, donde viven cerca de 11 millones de personas sin papeles, mientras organizaciones hispanas preparan una ofensiva judicial para frenar la legislación y el gobierno federal analiza en detalle si supone una violación a los derechos civiles.
La gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, dio luz verde anteayer a una ley que, según sus partidarios, dejará total libertad a la policía para enfrentar a la inmigración ilegal en Arizona, donde viven unos 460.000 indocumentados y es un estado considerado la puerta de entrada del contrabando humano y el narcotráfico desde México.
Justamente ese país, al igual que Honduras y Guatemala ?donde hay una fuerte migración hacia Estados Unidos? manifestó su inquietud por la nueva norma, denominada SB1070. La ley de Arizona pasó a considerar un delito permanecer sin papeles en Estados Unidos; habilita a la policía local a interrogar a la gente sobre su situación inmigratoria si tiene motivos para sospechar de que está indocumentada; permite demandar a las agencias del gobierno que obstaculicen la aplicación de las leyes inmigratorias y determina que es ilegal contratar a jornaleros indocumentados o transportarlos a sabiendas de su situación.
Los defensores de los derechos civiles advirtieron: "Se abrió la temporada de caza de latinos".
Una poderosa organización de base religiosa, la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal (Conlamic, por sus siglas en inglés) informó que ya comenzó a preparar presentaciones judiciales para frenar la aplicación de la ley, en representación de sus 30.000 iglesias evangélicas en todo el país y sus 300 pastores hispanos en Arizona.
"Millones de latinos en todo el país están conmocionados", sostuvo William Sánchez, líder del Conlamic.
Por su parte, el Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef, por sus siglas en inglés), una de las principales organizaciones hispanas de Estados Unidos, también anunció que apelará la ley. El grupo recordó que una lucha similar se llevó adelante hace 15 años contra la Proposition 187, una iniciativa aprobada a través de un referéndum en California y que exigía la presentación de papeles de inmigración legal para acceder a prácticamente todos los servicios públicos del Estado. Después de una intensa campaña, la Proposición 187 fue cancelada.
La legislación "lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país", dijo Thomas Saenz, presidente del Maldef.
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