La ruta equivocada

Es más perjudicial que favorable a la causa marítima de Bolivia la decisión del Gobierno central de llevar el tema, en forma de demanda contra Chile, ante los órganos de la justicia internacional, fin para el cual ha resuelto crear todo un mecanismo burocrático que será encabezado por un ‘embajador plenipotenciario’, cuyo sostenimiento elevará el gasto corriente del país.

Tal es la perspectiva que trazan algunos factores, como el tipo jurídico, para empezar. Mucho tiempo después de la Guerra del Pacífico, Bolivia suscribió con Chile un Tratado que puso fin al conflicto. Se resignó a perder el litoral, a cambio de ciertas compensaciones, como la construcción del ferrocarril Arica –La Paz, obra que le permitiría exportar minerales (estaño, particularmente) a menor costo, por el Pacífico, rumbo a Estados Unidos y países de Europa. El Gobierno de esa época representaba a minoritarios pero poderosos sectores sociales del occidente boliviano, dedicados a la minería, principalmente, que de tal manera querían acumular más, afianzando su poder económico y político. Chile tuvo después la argucia de ‘trilaterizar’ el asunto, suscribiendo con Perú un tratado que a este país, respecto a Bolivia, lo convertía en candado de su reivindicación marítima. Sin su asentimiento, Chile quedaba impedido de ceder a Bolivia cualquier faja territorial del norte de Arica que nos diera acceso al Pacífico.

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