La violenta interrupción de la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) la tarde del domingo, ha sido condenada por amplios sectores de la ciudadanía boliviana, la Iglesia Católica, incluso Naciones Unidas —tan identificada con el Gobierno— por ser una agresión sin sentido ni equilibrio, que muestra el uso abusivo y discriminatorio de los aparatos represivos, y que rompe toda consideración humana y de respeto a los más elementales derechos de las personas.
Pero, esta acción también debe ser analizada desde un enfoque político, y éste nos muestra que las bases sociales de sustentación del Gobierno se van reduciendo. Con la intervención del martes quiebra un importante vínculo orgánico con otros sectores claves del movimiento popular, como son los indígenas del oriente y el chaco bolivianos y parcialmente del occidente del país, que se suman a otros abandonos producidos en los últimos meses, como en diciembre del año pasado, con el “gasolinazo”, cuando perdió aliados en las clases medias identificadas con su proyecto, y entre febrero y mayo con la Central Obrera Boliviana y varias de sus organizaciones afiliadas, por su errática conducción de las negociaciones salariales. Además, se debe agregar en este tiempo de marcha indígena, su distanciamiento del mundo de las organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales le dieron sustento intelectual y tecnocrático.
Por tanto, además de la legitimidad institucional de su elección, al Gobierno le quedarían dos sectores sociales aún plenamente identificados con él: los colonizadores y los productores de coca, así como los mecanismos represivos del Estado y un aparato burocrático que ha crecido desmesuradamente en los últimos años.
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