La diplomacia española se enfrentó ayer en Bruselas a una de sus primeras decisiones de envergadura, relacionada con la aprobación de nuevas sanciones contra Irán para forzarlo a que reanude las negociaciones sobre su programa nuclear. Pese a que el crudo iraní representa un 20% del total importado por España, el Gobierno aceptó sumarse al acuerdo alcanzado entre los Veintisiete. Las nuevas sanciones impiden firmar nuevos contratos de suministro con Irán y establecen el próximo mes de julio como plazo máximo para poner fin a los vigentes. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró que las empresas españolas disponen ya de alternativas al crudo hasta ahora procedente de Irán.
La evolución del contexto internacional hacía difícil que España pudiera asumir en solitario o en compañía de otros socios la responsabilidad de paralizar esta iniciativa de la Unión impulsada sobre todo por Londres, París y Berlín. Estados Unidos aprobó recientemente un paquete de sanciones cuyo efecto se diluiría si los europeos se demoraban en hacer otro tanto, colocándose en el terreno de los hechos, aunque no en el de las declaraciones políticas, en una posición equivalente a la de China y Rusia. Con la decisión de Bruselas, la Unión y sus miembros toman inequívoco partido en el contencioso con Irán.
Cuestión distinta es que el régimen iraní vuelva a la mesa de negociaciones presionado por las sanciones aprobadas. Aunque las exportaciones de petróleo hacia la Unión representen un cuarto de sus ingresos exteriores, el aislamiento del régimen iraní no es tan completo como para que no encuentre nuevos compradores. Pero existe además una razón política de fondo, y es el amplio consenso interno en torno al desarrollo de un programa nuclear propio. Según las declaraciones de Teherán, sus actividades siguen amparadas por el Tratado de No Proliferación. El problema es que los supervisores internacionales no pueden afirmarlo ni desmentirlo.
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