Diez años después de que los primeros presos de la guerra contra el terror de George W. Bush llegaran a la base de Guantánamo, ese penal improvisado y que ha constituido un limbo legal sigue abierto. Obama prometió al llegar a la Casa Blanca en 2009 que lo cerraría en un año. No ha podido cumplir su compromiso, no solo por los problemas jurídicos que plantean algunos de los 167 detenidos -solo cuatro de ellos han sido condenados y cumplen condenas- que aún permanecen allí, sino porque el Congreso, con el apoyo tanto de republicanos como de demócratas, ha denegado los fondos para el traslado de los que quedan a alguna prisión federal de Estados Unidos, como la de Illinois que proponía Obama.
La permanencia de este centro de detención, de máxima dureza en algunos momentos, en un territorio arrendado a Cuba en 1903 sigue siendo una vergüenza para EE UU y para Occidente. Muchos Gobiernos europeos se rasgan las vestiduras, pero colaboraron en los vuelos secretos de la CIA que transportaron allí a presos de la guerra de Afganistán y de otros lugares. Y cuando Obama planteó sacarlos, fueron pocos los países europeos que se abrieron a acogerlos en sus territorios -España se comprometió a cinco-, y menos aún los legisladores estadounidenses, nada dispuestos a trasladarlos a prisiones en sus distritos.
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