El presidente de Repsol, Antoni Brufau, ha acusado este martes al Gobierno de Argentina de haber llevado a cabo una campaña de "hostigamiento, coacciones y filtraciones interesadas y planificadas" para provocar el derrumbe del precio de las acciones de YPF y facilitar así suexpropiación "a precio de saldo".
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, en la rueda de prensa hoy, en Madrid. Chema Moya | EFE
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En una rueda de prensa que ha despertado gran expectación, Brufau ha calificado la decisión del Gobierno argentino de acto "absolutamenteilegítimo e injustificable desde el punto de vista jurídico" y ha advertido a Cristina Fernández de Kircher de que sus actos "no quedarán impunes". Así, ha anunciado que recurrirá al arbitraje internacional para exigir compensaciones y que tomará todo tipo de acciones legales, incluidas "medidas individuales o de clase, demandas civiles, mercantiles y constitucionales".
En este sentido, Repsol reclama a Argentina una "pronta compensación" por la expropiación. Una compensación que Brufau ha cifrado en al menos10.500 millones de dólares (8.000 euros) que es lo que valen, ha dicho, las acciones que la petrolera española tiene en YPF, filial que a su vez vale 18.300 millones de dólares (14.000 millones de euros). "Todos los estados tiene derecho a expropiar, pero a pagar también el precio justo", ha reclamado el directivo. Así, ha reclamado a Kircher que formula una oferta pública de adquisición de acciones a la que le "obliga la ley y los estatutos de YPF", ha añadido.
Brufau ha denunciado el "trato discriminatorio" a la petrolera española, ya que la expropiación solo afecta a YPF y no a ninguna otra compañía de hidrocarburos y, dentro de YPF, solo a Repsol y no al resto de los accionistas. Asimismo ha cuestionado el argumento dado por Kirchner de que la expropiación responde a criterios de utilidad pública.
INTERESES DEL GOBIERNO DE KIRCHNER
Para el presidente de Repsol, el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta, uno de los más importantes de los últimos años, está en el centro del interés del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por controlar YPF. Aunque, en su opinión, también es "una forma de tapar la crisis social y económica que afronta Argentina".
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