La presidenta Cristina Kirchner decidió enviar un proyecto de ley al Congreso para expropiar el 51% del patrimonio de YPF correspondiente a la española Repsol, quien actualmente controla la mayoría del paquete accionario junto al grupo empresario argentino de la familia Eskenazi.
La iniciativa tiene previsto que, de las acciones expropiadas, el 51 por ciento quede en poder del Estado nacional y el 49 por ciento restante en las provincias productoras de hidrocarburos. Además, declara "de interés público nacional" a la actividad de hidrocarburos del territorio de la República Argentina.
El proyecto, denominado "Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina", sostiene que "el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos". "El modelo elegido para el futuro de YPF no es de estatización sino de recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos", manifestó hoy Cristina Kirchner en cadena nacional.
La presidenta designó como interventores de la empresa petrolera al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al viceministro de Economía, Axel Kicillof.
El iniciativa del Gobierno, que espera la sanción del Congreso, propone, además de la expropiación de casi la totalidad de las acciones en manos de la española Repsol, la remoción de los actuales de los directores y de los síndicos, titulares y suplentes de la petrolera.
La iniciativa, presentada en un acto en la Casa Rosada, se aclara que YPF seguirá funcionando en "sociedad anónima abierta" y se remarcó que la expropiación se realiza bajo el justificativo de "interés público" de la riqueza hidrocarburífera del territorio nacional.
A partir de que la propuesta se convierta en ley, el 51% de las acciones expropiadas pasarán a manos del Estado nacional, mientras el restante quedará bajo la administración de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI), que integran las provincias con producción petrolera. Es decir que la Nación controlará el 26,01% del total y las provincias productoras, el 24,99%.
La valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones, agrega el texto, que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a "adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos" y la "continuidad operativa".
También el proyecto indica que en caso de que otro gobierno futuro quiera volver a privatizar las acciones hoy expropiadas, deberá contar con una mayoría especial de dos tercios del Congreso.
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