La experiencia de Repsol en YPF no fue el ejemplo más edificante de inversión extranjera en el país. Los ejecutivos de esa compañía española se allanaron a las presiones del Gobierno para incorporar un socio local. Entre los muchos posibles, eligieron a la familia Eskenazi, que carecía de antecedentes en el negocio energético. Para justificar esa selección, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, apeló a un eufemismo poco feliz, llamando al nuevo accionista "experto en mercados regulados". En esa decisión está inscripta una de las claves del error: la empresa privilegió la capacidad de influir sobre el Estado más allá de cualquier otra consideración.
La proyectada apropiación del 51% del patrimonio de YPF es en parte consecuencia del fracaso de ese experimento. Tal vez algunos accionistas de Repsol se estén preguntando por qué motivo la compañía cedió el 25% de su filial argentina con facilidades inéditas y con pésimos resultados.
Sin perjuicio de lo expresado, ninguna de estas deformaciones justifica el despojo del que es víctima Repsol. En primer lugar, porque el Gobierno dispuso la intervención de la empresa aun antes de que se sancionara la llamada ley de soberanía hidrocarburífera, forzando al retiro de los directores de YPF de la propia sede de la compañía.
En segundo término, porque la Presidenta, que se declaró respetuosa del derecho, dispuso la apropiación del 51% de la compañía sin cumplir con lo que prescribe su estatuto: que para adquirir más del 15% de las acciones es obligatorio realizar una oferta pública por todas ellas.
Le asiste la razón a Repsol cuando sostiene que la determinación oficial es arbitraria y discriminatoria, ya que recae en el paquete mayoritario de un único accionista. Debería haberse expropiado todo el paquete accionario o, en caso de expropiación parcial, la proporcionalidad debió haber sido la regla. Los contribuyentes argentinos debemos prepararnos para, tarde o temprano, pagar carísimo la transgresión a esa cláusula, a la ley, a los tratados bilaterales de protección de inversiones firmados con España y a la propia Constitución.
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