Gobierno y Casa del Rey negocian una fórmula de transparencia con límites

No se lo dijeron a nadie, ni siquiera a los grupos del Congreso, pero el Gobierno y la Casa del Rey llevan dos meses, según aseguraron ayer, negociando la inclusión de esta institución en la Ley de Transparencia, aunque con límites. Desde hace más de un año, cada vez que se preguntaba a la vicepresidenta por este asunto, negaba que la Casa del Rey pudiera ser incluida en esa norma que implica el derecho a pedir datos sobre la gestión del dinero público. Pero poco a poco, la presión de los otros grupos y sobre todo el deterioro de imagen de la Corona parecen haber hecho cambiar de opinión a todos.

En privado, el Gobierno dejaba caer hace semanas que confiaba en que La Zarzuela diera un paso para abrirse a la ley de transparencia. Y fue finalmente la Casa del Rey la que lo anunció, en plena presión por laimputación de la Infanta, primero a la agencia Reuters —la imputación ha tenido una enorme repercusión internacional— y después lo confirmó a los demás medios.

A partir de ahí, hubo una clara contradicción entre la versión de La Zarzuela y la del Gobierno sobre quién tuvo la iniciativa. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que después del debate del Estado de la nación, en el que se aprobó ampliar la ley de transparencia a partidos y sindicatos, “desde la vicepresidencia del Gobierno se iniciaron los contactos con la Casa del Rey que mostró desde el primer momento su voluntad de encontrar la fórmula de someterse a la ley”. Esto es, la iniciativa partió de la vicepresidencia. Preguntada expresamente sobre quién tuvo la iniciativa, la vicepresidenta suavizó: “Quiero destacar la absoluta colaboración de la Casa del Rey, tienen la máxima disposición”.

La Zarzuela es tajante: fue el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, quien tomó la iniciativa y llamó a la vicepresidenta para comunicarle que deseaban que la institución fuera incluida en la ley de transparencia. “No nos podíamos quedar fuera”, aclaran fuentes de La Zarzuela.

A partir de ese momento, se crearon dos equipos, uno por parte del Gobierno, con José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia, y otro de la Casa del Rey, con Spottorno y el secretario general, Alfonso Sanz, que se han reunido media docena de veces en los últimos dos meses. Ninguno de los dos aclara en qué va a consistir el pacto. Sáenz de Santamaría aseguró que se detallará la próxima semana, lo que hace pensar que el anuncio de ayer se precipitó para tratar de frenar la presión social por la imputación de la Infanta. Lo que sí está claro, después de numerosas preguntas a la vicepresidenta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y lo que cuenta La Zarzuela, es que habrá límites aún sin aclarar, a pesar de estos dos meses de negociación. “Está la música, pero falta la letra”, dicen en la Casa del Rey.

Desde La Zarzuela insisten en se materializará en la práctica en más información sobre todo de tipo económico: por ejemplo, si el Rey viaja a la India se dirá cuánto ha costado ese viaje. La Zarzuela y La Moncloa apelan a la Constitución como límite, pero esta señala solo que el Rey dispondrá de “una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”. No dice que no pueda informar de cómo se gasta ese dinero. El PSOE, que venía reclamando esta medida hace meses frente al no del PP, mostró su satisfacción pero pidió que los límites a la aplicación de la ley “no vayan más allá de la seguridad del Estado y el marco constitucional” y otros grupos eran muy escépticos sobre las consecuencias reales.

FUENTE: EL PAÍS DE ESPAÑA