La imputación de la Infanta Cristina ha generado una "enorme preocupación" en el Gobierno, según ha reconocido este jueves el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar la reunión de alto nivel de Naciones Unidas contra el hambre, el ministro ha pedido que la imputación de la Infanta "se sustancie con rapidez", ya que se trata de un hecho que afecta a la imagen de España.
En el Ejecutivo públicamente nadie hace valoraciones; en privado, sin embargo, se admite la existencia de una desafección creciente hacia la Monarquía inmune ya a los discursos al uso.
La inquietud es grande porque, más allá de desplegar el recordatorio de los servicios prestados por el Rey a la democracia y poner de manifiesto la excelente preparación del Heredero de la Corona, desde el Gobierno poco más se puede hacer. Apenas intentar proteger por todos los medios, y contra viento y marea, la sostenibilidad de la Corona como clave del modelo de Estado –monarquía parlamentaria– recogido en la Constitución.
El desapego que muestran los ciudadanos en las encuestas hacia la Casa Real, lejos de rebajarse, no hace sino aumentar. En Moncloa y en Zarzuela llegaron a creer superada la ola de indignación que generó la desafortunada cacería de Botsuana con la histórica petición de perdón por parte del Rey.
También quisieron dar por hecho que el 'affaire' Corinna se acabaría disolviendo en las páginas de papel couché, pero la imputación de la Infanta Cristina y el rosario de incógnitas que se ciernen sobre los negocios que compartía con su marido, Iñaki Urdangarin, han dado al traste con la esperanza de que los españoles vuelvan a dar un respaldo muy mayoritario a la Corona.
Pese a todo, Rajoy no cejará en el empeño de arropar al Rey. Es su "obligación", repiten las fuentes gubernamentales consultadas, aunque el éxito, admiten, no esté garantizado. Y lo haráactivando cuantos resortes estén en su mano.
'Nada que opinar
La ministra de Fomento, Ana Pastor, se ha referido este jueves en una entrevista en la Ser a la imputación de la hija del Rey y ha asegurado que el Gobierno "no tiene nada que opinar" sobre este tema.
Pastor ha insistido en que el Ejecutivo "no se pronuncia" sobre decisiones judiciales y, ante la pregunta de si la Infanta debe renunciar a su puesto en la línea sucesoria, ha dicho tajantemente: "No soy comentarista, soy miembro del Gobierno".
La titular de Fomento ha defendido la monarquía y ha mostrado su "respeto y lealtad" a la institución porque, a su juicio, es, ha sido y será el sistema que da estabilidad al país.
La monarquía, ha dicho, es una institución "muy importante" que da el "equilibrio necesario" en el sistema democrático español.
Por otra parte, la ministra de Fomento se ha mostrado defensora de la futura Ley de Transparencia y, aunque no ha mencionado expresamente que la Casa del Rey deba figurar en ella, ha indicado que es defensora de la mayor transparencia de "todas" las instituciones porque los ciudadanos deben conocer "todos los detalles" de la Administración.
Prudencia en el PP y PSOE
La prudencia ha marcado también la reacción de los principales partidos políticos. El vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, ha asegurado que respeta la decisión del juez José Castro , una decisión que, según él, demuestra que el Estado de derecho "funciona" y que es "implacable".
"Respeto las decisiones judiciales y esperamos que el resultado sea justo, y eso significa dar a cada uno lo suyo", ha argumentado Floriano en declaraciones a RNE.
Floriano ha puesto en valor que las decisiones judiciales "afectan a todo el mundo por igual", así como que las instituciones democráticas, "con sus tiempos", funcionan de "manera implacable".
"Es verdad que puede haber casos de corrupción, pero cuando se conocen los partidos actúan, aunque unos actuamos de una manera y otros de otra", ha continuado el dirigente popular, que ha insistido en que la Justicia "siempre actúa intentando expulsar cualquier actuación reprochable de la vida pública".
La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, rehusó ayer expresar su opinión sobre la conveniencia de que se despoje a los duques de Palma de ese título tras la imputación de ambos en el 'caso Nóos', alegando que es una decisión que no le compete a su partido y que prefería mostrarse "cauta" al respecto y reservarse su parecer.
Rodríguez coincidió con Alfredo Pérez Rubalcaba en señalar que "la Justicia está igual para todos", lo que ha enmarcado dentro de la "normalidad" de un país democrático y del Estado de Derecho.
Pero, a partir de ahí, Rodríguez tampoco quiso opinar sobre el hecho de que la infanta haya sido imputada mucho después que la esposa de Diego Torres, ex socio de Urdangarin, también investigado en la misma causa. "No me pronuncio sobre decisiones que se toman en virtud de las pruebas", esgrimió.
El ex presidente del Congreso José Bono cree que la imputación deja "claro" que la justicia funciona y ha considerado que sería "prudente" que renunciara a sus derechos en la línea sucesoria "por el propio bien de la monarquía y de la Corona".
En declaraciones a Efe, Bono ha expresado su deseo de que ya que la imputación "supone un sufrimiento para ella y para su familia, al menos quede claro que en España la justicia funciona".
"Y yo deseo que se haga justicia", ha apostillado.
"Si es inocente me alegraré mucho de que la imputación acabe proclamando su inocencia y si fuera culpable se atenga a lo que todos los españoles estamos sometidos que es el imperio de la ley", ha continuado.
El ex ministro de Defensa ha recordado que "en su momento" ya dijo que, "en estas circunstancias", el hecho de que la infanta Cristina renunciase a sus derechos como la séptima en la línea de sucesión de la Corona "sería prudente por el propio bien de la monarquía y de la Corona".
'Buena noticia para la democracia'
Por su parte, el senador del PNV Iñaki Anasagasti cree que la imputación es una "buena noticia para la democracia".
Anasagasti, en un artículo en su blog, elogia al juez José Castro, que instruye el caso Nóos, por la decisión adoptada pese a las "presiones" que estaba recibiendo para que Cristina de Borbón no se viera obligada a acudir a los tribunales para declarar.
"Ha tardado en imputar la evidencia... Y ha tardado porque tenía que tener amarradas muchas pruebas habida cuenta de las presiones que estaba recibiendo. Castro es un juez valiente", opina el senador nacionalista.
Según Anasagasti, "algo gordo está pasando" en la monarquía cuando la hija del rey es imputada, decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía Anticorrupción.
El parlamentario del PNV asegura que hasta ahora había habido una "impunidad" sobre los miembros de la familia real, de la que "el PP y el PSOE son los grandes responsables en 35 años".
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