El ofrecimiento del ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, para servir como mediador entre las partes del conflicto político venezolano, fue recibido con cautela por la oposición.
La sociedad venezolana vive una polarización extrema desde al menos una década atrás. Sin embargo, su división crónica hizo crisis desde las elecciones del reciente 14 de abril, cuando el país quedó oficialmente dividido en dos mitades de magnitudes casi idénticas por unos resultados que, en cualquier caso, la oposición cuestiona. Mientras el oficialista Nicolás Maduro busca dar a su gobierno de 10 días un carácter de hecho consumado e irreversible, el líder opositor Henrique Capriles Radonski –candidato derrotado por un estrecho margen de poco más de un punto porcentual - parece condenado a consumirse en la frustración de un callejón sin salida, al tener que llevar la impugnación del proceso electoral ante un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el chavismo controla.
A pesar de que el mismo Capriles Radonski a menudo ha expresado su esperanza de que el reclamo opositor llegue a instancias internacionales, con ello alude a ámbitos del derecho internacional antes que a mediaciones, de las que la oposición se siente escarmentada. “La experiencia con mediaciones internacionales no es la más fructífera en este país”, advierte el internacionalista Carlos Romero. “Desde el proceso de la llamada Mesa de Diálogo de 2003, las gestiones internacionales posteriores al Referendo Revocatorio de 2004, y los sucesivos eventos electorales, la oposición ha quedado con la impresión de que esos mediadores terminan favoreciendo al gobierno”. Romero cita la reciente actuación del ex vicepresidente argentino, Carlos ChachoÁlvarez, al frente de la delegación de “acompañantes” electorales de la Unión Sudamericana (Unasur), como otro episodio que reforzó tal prejuicio.
Para mayor dificultad, el oficialismo, aunque muy activo por estas fechas en el frente internacional, lo que quiere es recolectar apoyos pero sin poner en duda la legitimidad del gobierno y su origen electoral. “El gobierno no cree que haya nada en qué mediar”, asegura Romero, y recuerda que no es gratuito que la revolución se haya empeñado en clavar sus picas en otros poderes, como el TSJ o el Consejo Nacional de Electoral (CNE), para asegurarse que las elecciones presidenciales sean proclamadas como intachables e irreversibles. “Definitivamente, no hay condiciones para una mediación”.
En corrillos políticos de Caracas surgió con fuerza este lunes la versión de que, justamente desde Washington DC —donde el canciller García Margallo ofreció sus buenos oficios—, se estaría conformando una misión internacional para la crisis venezolana, auspiciada por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en conjunto con el Centro Carter, de Atlanta, (Georgia, Estados Unidos).
El ex embajador de Panamá ante la OEA, Gullermo Cochez –destituido de su cargo en enero pasado por el presidente Ricardo Martinelli, luego de que en una sesión del organismo hemisférico criticara a Insulza y a Venezuela- se hizo eco de esas versiones en su cuenta de twitter y las amplió en declaraciones a la televisión de su país, asegurando que la misión estaría encabezada por el ex presidente panameño, Martín Torrijos, quien acudió como miembro del equipo de observadores del Centro Carter en las elecciones venezolanas del 14 de abril. “No tiene ningún sentido la iniciativa de Insulza”, desestimó Cochez la misión en ciernes, a la que calificó de “tardía” y de sesgada en favor del chavismo, por el historial de sus presuntos integrantes.
Consultada al respecto, desde Atlanta , Jennifer McCoy, Directora del Programa para las Américas del Centro Carter, negó la especie. “No tenemos planeada ninguna misión”.
Contrariamente a los augurios adversos, Ramón José Medina, coordinador del Equipo Técnico del opositor Comando Simón Bolívar y Secretario Ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) —pero, sobre todo, una suerte de canciller del gabinete en la sombra—, dio la bienvenida a cualquier mediación “que contribuya a resolver esta crisis provocada por el organismo electoral, sobre todo, ofrecida por una nación como España a la que nos unen lazos históricos y con la que siempre hemos contado desde que regresó a la democracia. Pero, claro, yo no sé cómo le podría caer esa oferta al gobierno”, expresa cierta reserva, recordando la airada reacción que tuvieron Maduro y la cancillería venezolana cuando, hace un par de semanas, llamaron a consultas al embajador en Madrid para consultas tras entender que España estaría dudando en reconocer al gobierno electo.
Admitió que el comando opositor espera llevar su contencioso a “los organismos multinacionales en los que Venezuela participa, como la OEA y Mercosur, que cuentan con cartas democráticas y una serie de requisitos mínimos para considerar si un Estado es democrático o no”.
Medina también dejó saber que, alertados por las informaciones que el ex embajador Cochez difundió sobre una inminente misión de la OEA, se comunicaron con la Secretaría General del organismo. “Aunque no hablamos con Insulza, recibimos seguridades de que no hay nada oficial a ese respecto”. Aun así no descarta la posibilidad de que una misión internacional tenga ya un cometido en Venezuela, toda vez que, a su juicio, “la crisis rebasó lo exclusivamente electoral, que no se puede dejar de lado, pero a lo que se agregaron la represión que el gobierno ha desatado, la violencia instigada por el oficialismo que ahora nos quiere endilgar a nosotros, y la censura a los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional”.
Al momento de cerrar esta nota, no se había producido ninguna reacción por parte del gobierno nacional o de los voceros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Las repercusiones de una posible escalada de la crisis serían de escala regional. “Yo lo que sí hago y quiero es que Venezuela esté distensionada, normalizada y que ojala le vaya bien en todo, porque estamos nosotros atados al futuro de Venezuela”, confiaba por estos días el presidente colombiano Juan Manuel Santos, artífice de una muy pragmática detente con su vecino revolucionario, en una entrevista con EL PAÍS desde Bogotá. Por ello, insiste el internacionalista Carlos Romero, aunque no haya ambiente para una mediación, puede haber cabida para una iniciativa preventiva por parte de la comunidad internacional. “Una misión de buenos oficios, amparada por la OEA o la ONU”, bosqueja una fórmula, “puede ayudar a crear un espacio político donde las partes se puedan sentar y dialogar. No sería una mediación, porque no estaría comprometido, en principio, el resultado electoral, pero sí podría tener una agenda mucho más amplia para tratar otros factores de la crisis”.
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