Una recopilación y depuración de más de un millón 300 mil datos, que recoge nombres, cifras e información entre 1970 y 2010, llevó a la firma Cifras y Conceptos a tener, por primera vez en la historia de Colombia, el primer gran informe sobre el delito del secuestro.
La investigación liderada por César Caballero, director de la firma, y apoyada por el Centro de Memoria Histórica, arrojó como dato principal que en 40 años fueron secuestradas en el país 39.058 personas de todas las condiciones, géneros y estratos sociales.
La documentación del trabajo además revela que en total han sido capturadas 7.812 personas implicadas en estos plagios y solo 40 de ellas son autores intelectuales.
La información analizada por Cifras y Conceptos fue recopilada con nombres y denuncias en la Fiscalía General de la Nación, la Policía, el Ministerio de Defensa y los informes de prensa a nivel nacional. Y en medio de ese cruce de datos, la investigación estableció que 301 personas fueron secuestradas más de una vez y un antioqueño fue plagiado cinco veces. En todas tuvo que pagar por la liberación.
Del total de víctimas, el 78 por ciento son hombres y el 22 por ciento mujeres; el porcentaje más elevado de promedio de edad, con 79 por ciento, fue de entre 18 y 65 años. El 15 por ciento de las víctimas eran menores de edad. Así mismo, la duración en cautiverio alcanzó el nivel más alto (59 por ciento), con un promedio de entre 1 y 30 días privados de la libertad. Un 9 por ciento de las víctimas duró más de un año en cautiverio y en condiciones infrahumanas; en este grupo se cuentan los 400 integrantes de la Fuerza Pública que fueron secuestrados en las diferentes tomas guerrilleras entre 1997 y 1999. Diez de ellos permanecieron 14 años privados de la libertad.
Zonas afectadas
En esos 40 años que fueron tomados para la medición, el secuestro golpeó a 1.006 municipios de los 1.102 que tiene el país. Y los departamentos de Antioquia, Valle, Cesar y la ciudad de Bogotá registraron el impacto más alto. En estas cuatro zonas se concentró el 40 por ciento del delito.
Pero además, la curva del incremento y disminución del secuestro mostró que el pico más alto fue en el 2002, con cerca de 3 mil plagios; luego desciende vertiginosamente en el 2004 con menos de 500 secuestros. Sin embargo, en el 2008 el índice vuelve a elevarse a más de mil plagios, con el pico más alto en el último lustro. En la página del Ministerio de Defensa están registrados solo 437 hechos en ese año. Según el análisis de los investigadores, estas cifras evidencian un desgaste de la Política de Seguridad Democrática para ese momento.
Y sobre los autores, el estudio concluye que los mayores secuestradores son las Farc, con un 37 por ciento de responsabilidad en el total de los casos; seguidas por el Eln con un 30 por ciento.
Y una cifra que llama la atención es el 20 por ciento de autoría por parte de las redes criminales (bacrim y organizaciones delincuenciales organizadas), con numerosos casos de violencia contra las mujeres víctimas.
Los secuestradores actuaron en un 79 por ciento de los casos contra personas específicas. Esto quiere decir que hicieron un plan previo de seguimiento e inteligencia para cometer el delito. Otro 16 por ciento de personas fue víctima en medio de retenes ilegales y el 5 por ciento fue plagiado en medio de una emboscada. Este informe se conocerá este jueves, en el Museo Nacional, a las 9 de la mañana.
En el limbo 10 mil casos
De los 39.058 secuestros, en 28.592 de ellos se supo cómo terminó la pesadilla. De este número, el 60 por ciento de las víctimas pagó por su liberación. Otro 20 por ciento (5.718 personas) fue rescatado, y 2.287 personas fueron asesinadas en cautiverio.
Sin embargo, 571 víctimas (el 2 por ciento) lograron fugarse. El estudio reseña como la cifra más dramática de este ítem el de los casos que quedaron en el limbo: 10.466 personas de las que se desconoce su paradero y la suerte que corrieron.
Antioquia, azotada
Tres departamentos y una ciudad concentran el 40 por ciento de la totalidad de secuestros en el país. Antioquia dobla en cifras a Valle del Cauca, el segundo departamento más azotado por el delito. Los municipios de Cocorná, San Luis y Medellín sufrieron el mayor impacto, pero el total de víctimas del departamento fue de 6.898 plagios.
En el Valle se registraron 2.693 plagios, en Cesar 2.612 y en Bogotá 2.577 siendo la ciudad más afectada por el delito, con una cifra que dobla los secuestros registrados en otras capitales.
Millonarias extorsiones
Del 60 por ciento de las personas que pagaron por su libertad, 9.764 tuvieron que cancelar extorsiones de entre mil y 5 mil millones de pesos. Y un 6 por ciento (2.343 víctimas), pagó más de 5 mil millones de pesos.
Un 28 por ciento de plagiados tuvo que pagar entre 100 y 500 millones, y 3.515 (9 por ciento), pagó menos de 20 millones de pesos. En este grupo hay personas de estrato dos.
La política en la mira
El informe documenta cómo el Partido Liberal ha sido el más afectado por el secuestro de políticos, con el 51 por ciento de los casos, de un total de 938 de todas las filiaciones.
En los 40 años de referencia para el estudio fueron privados de la libertad 389 concejales, 358 alcaldes, 75 congresistas, 66 diputados y 50 personeros.
Los movimientos de izquierda sufrieron el plagio de 37 de sus integrantes.
Estrategias para cometer el delito
El informe “Una verdad secuestrada: cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970 - 2010”, identifica estrategias de ‘deshumanización’ que los victimarios emplearon en la totalidad de los casos para cometer el delito.
Según el análisis, que tiene documentadas cada una de las historias, en el 45 por ciento de los casos los secuestradores emplearon armas de fuego para intimidar a la víctima y algunas fueron agredidas con estas. Así mismo, un 17 por ciento sufrió golpes y violaciones (incluidos muchos casos de violencia sexual contra mujeres por parte de los perpetradores). La mayoría de estos hechos fueron cometidos por integrantes de las redes criminales.
El grupo de sicólogos que participó en el estudio evidenció que en un 8 por ciento de los casos hubo “pérdida de una parte del principio de realidad”, a través del ocultamiento de la situación real. Esto quiere decir que durante el cautiverio engañaban a las víctimas con informaciones que no eran ciertas y que creaban falsas expectativas.
En este porcentaje hay documentados casos en los que los plagiarios (especialmente de las Farc), citaban a algún familiar del secuestrado para hacer una supuesta liberación, pero una vez recibían el pago, lo mantenían en cautiverio y en repetidos hechos, dejaban al familiar también privado de la libertad.
El 4 por ciento de las víctimas tuvo que presenciar el asesinato de otro secuestrado. El informe lo referencia como “pérdida del sentido social o común”. Estas acciones fueron tan traumáticas para los sobrevivientes, que solo se pudieron documentar a través de las decisiones judiciales y los informes de prensa.
Esta actuación criminal era ejercida por los victimarios como medio de presión para el pago de la extorsión o el sometimiento del secuestrado. En su mayoría fue ejecutada por los guerrilleros de las Farc.
La investigación también concluye que en el 3 por ciento de las víctimas se mantuvo la esperanza de la libertad, pero siempre con frustradas liberaciones, que de por sí los secuestradores sabían que eran un engaño para mantener con vida a los cautivos.
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