En un confuso episodio, Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, dos represores condenados por delitos de lesa humanidad que cumplían su condena en el penal de Chimbas, en San Juan, se fugaron ayer por la mañana presumiblemente del Hospital Militar Central, donde habían pedido ser trasladados para hacerse tratar por problemas médicos.
El hecho fue confirmado por dos fuentes militares a Clarín, que intentó comunicarse con el Ministerio de Justicia, pero hasta el cierre de esta edición la cartera conducida por Julio Alak no dio información oficial.
Por el momento no se difundió información oficial ni detalles de la fuga. Lo que trascendió es que se ordenó el pedido de captura nacional y se notificó a Migraciones para evitar que los represores abandonen el país. Fuentes extraoficiales además informaron que se ordenó investigar al juez que autorizó el traslado y a todos los responsables de la custodia de los prisioneros.
Además, se dispusieron pases a disponibilidad y el inicio desumarios al personal del Hospital Militar involucrado en el hecho.
Olivera y De Marchi fueron condenados hace tres semanas, en el juicio histórico que se desarrolló en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. Olivera, involucrado en el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau, ocurrida en octubre de 1976, recibió cadena perpetua: la Justicia lo consideró coautor responsable de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravado por su estado de cargo público y asociación ilícita, entre otros cargos.
De Marchi fue condenado a 25 años de prisión también por violación de domicilio, privación ilegitima de libertad, privación de libertad abusiva e imposición de tormentos, entre otros.
Cristina Kirchner enumeró anteayer las cifras sobre los juicios por delitos de lesa humanidad: 1.053 procesados; 559 elevados a juicio oral; 63 que ya tienen solicitud de elevación a juicio oral; 475 juzgados; 430 condenados y 45 absueltos.
Las fugas causaron conmoción entre las autoridades del Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal y también entre familiares de militares ante un eventual endurecimiento de las condiciones de detención.
A su vez, una fuente del Gobierno que admitió las fugas adelantó que las sospechas apuntan a un familiar de uno de los represores, que se desempeña en el área de psiquiatría del Hospital Militar.
Otros militares presos están preocupados por la posibilidad de que el Gobierno endurezca las detenciónes. Varios tribunales negaron a represores el derecho a la prisión domiciliaria a pesar de tener más de 70 años. Por ejemplo, el ex dictador Jorge Videla, a los 87 años, murió en la cárcel de Marcos Paz.
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