El Gobierno anunció ayer la reapertura del canje a los bonistas que siguen en default y ofreció a los que sí entraron a las reestructuraciones pagarles en Buenos Aires en vez de hacerlo en Estados Unidos.
Tras el duro fallo del viernes, en el que la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmó la sentencia favorable a un grupo de holdouts , la Presidenta informó por cadena nacional sobre estas dos medidas y pidió que "Dios ilumine" a la Corte Suprema de Estados Unidos y la lleve a rever el fallo. "Mañana vamos a enviar un proyecto de ley al Parlamento para abrir por tercera vez el canje de deuda para el 7% que no ha ingresado a los canjes de 2005 y 2010", dijo Cristina Kirchner en su mensaje. La nueva oferta tendrá iguales condiciones que la de 2010.
Diversos analistas financieros advirtieron que el cambio de ciudad de pago podría causar temor entre los bonistas que tengan que girar sus dólares al exterior y ser interpretado como una forma de eludir a la justicia norteamericana.
Según las fuentes de Economía, a diferencia de los canjes anteriores, ahora no se buscará alcanzar un porcentaje determinado, sino "mostrar buena voluntad" a los jueces que aún deben tratar el caso. La Argentina tiene tiempo hasta el viernes de la semana próxima para apelar ante la cámara que dictó el fallo que ordenó pagarle a un grupo de fondos buitre y de minoristas el 100% de lo que reclaman. Luego, tendría tres meses para pedirle a la Corte de Estados Unidos que revea esta decisión.
Dirigentes opositores advirtieron que, más allá de la voluntad de pago, existe la posibilidad de que haya otro default.
Sin embargo, la Presidenta intentó exhibir un gesto de cumplimiento. "No somos deudores seriales como dijeron los jueces; somos pagadores seriales", dijo, al rechazar las críticas vertidas al Gobierno en la sentencia del viernes de la Cámara Federal de Apelaciones de Nueva York.
Antes de precisar los anuncios concretos, la Presidenta formuló una curiosa exhortación: "Que Dios ilumine a la Corte Suprema de Estados Unidos", expresó. En varias ocasiones, explicó que sólo el 7% de los bonistas está trabando el cierre de la salida del default, al no haber aceptado los canjes mencionados.
De lo contrario, advirtió, se "tiraría abajo una de las reestructuraciones de deuda más grandes de la historia y que influiría en todo el mundo financiero internacional [SIC]".
Así, reiteró un argumento que no convenció a los jueces en ninguna instancia, hasta ahora: que este tipo de fallos no sólo afectarán a la Argentina, sino a otros países que reestructuren su deuda soberana. Tampoco los jueces aceptaron el canje como una solución adecuada para los demandantes.
"Queremos mostrar la vocación de hacer frente a compromisos asumidos por la Argentina", subrayó la Presidenta. La intención del Gobierno es reabrir el canje mientras avanza el proceso de apelaciones en EE.UU., que podría estirarse hasta el primer cuatrimestre de 2014.
Para destacar su voluntad de pago, agregó que "la certeza de la seguridad jurídica no sólo emana de nuestra convicción, sino de los hechos objetivos y concretos que ya hemos protagonizado pagando títulos pagados en la Argentina". Por esta razón, explicaron en el Palacio de Hacienda, no habrá "condiciones especiales" para los bonistas que acepten cambiar sus títulos, es decir, no se les ofrecerá una tasa adicional. "Esta decisión no tiene la lógica del mercado, porque esa lógica la derribó la justicia de Nueva York el viernes al confirmar el fallo del juez Thomas Griesa", se explicó.
Tampoco habrá garantías especiales sobre la libertad de giro de los dólares para los acreedores, pese al cepo. "Hasta ahora se cobró en forma normal y así seguirá siendo", comentó la fuente, con énfasis.
La fuente aclaró que no se requiere una aceptación previa de los bonistas que entraron en los canjes, porque "ésta es una emisión nueva de bonos" y no un cambio en las cláusulas de los títulos previos. "Ésta es una opción, no es una operación de manejo de pasivos", se indicó.
En relación con los acreedores que tienen sus bonos en el extranjero y que no acepten cambiarlos por los locales, el funcionario juró que se respetará esa voluntad. "El suspenso decidido por la Cámara de Apelaciones aplica, así que en la medida en que no haya ninguna dificultad, podremos seguir haciéndolo en el extranjero", indicó la fuente oficial.
Si se levantara el "stay" -ya que es probable que los holdouts que consiguieron el fallo del viernes lo pidan, argumentando que, con el cambio de jurisdicción de pago, la Argentina está eludiendo el cumplimiento del fallo-, "damos la certidumbre de que no haya ninguna dificultad de pago", agregó la fuente de Economía.
En lo inmediato, el Gobierno dará dos batallas posiblemente imposibles de ganar: pedir que la propia cámara que ya falló y que un plenario de todos los camaristas revisen la sentencia del viernes, que condenó al país a pagar unos US$ 1500 millones. El abogado especialista en deuda Marcelo Etchebarne explicó que "desde la fecha en que denieguen los pedidos de revisión habrá tres meses más para ir a la Corte Suprema, que, con justa causa, puede extender dos meses más, pero es improbable que ocurra".
El socio del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell'Oro Maini explicó que "la Corte Suprema generalmente resuelve a los 60 días de tener todo listo, por ejemplo la opinión del procurador general, aunque si la Argentina tuviera buena relación con Estados Unidos es posible que el gobierno de Obama la ayude a ganar más tiempo". El vínculo bilateral está dañado por la presión de EE.UU. para que la Argentina les pague la deuda a los bonistas privados, al propio gobierno norteamericano en el contexto del Club de París y a las empresas que ganaron sus juicios en el Ciadi. A estos reclamos se suman los referidos a las trabas a las importaciones, como los que efectuaron otros países.
En el plano político se agregó el rechazo de EE.UU. al acercamiento de la Argentina a Irán, por el acuerdo en torno del atentado contra la AMIA. De hecho, ayer se supo que, por esta controversia, el Departamento de Estado le sugirió al ex presidente Bill Clinton que no viaje a un congreso de economía previsto para octubre en Buenos Aires.
En tanto, el abogado Eugenio Bruno, socio del estudio Garrido, opinó que el anuncio presidencial "es un mensaje para intentar revertir los fallos, ya que la ley cerrojo fue una de las causas principales que tomaron Griesa y los jueces de la Cámara para considerar que la Argentina incumplió la cláusula pari passu".
La ley cerrojo -que sirvió para presionar a los bonistas para entrar a los canjes previos- se levantará en el Congreso con el apoyo del oficialismo y posiblemente de varios bloques de la oposición con aspiraciones a llegar al poder en 2015.
PAGOS EN REGLA
Para ejemplificar la conducta del Gobierno de cumplir con los acreedores con bonos en divisas, la presidenta Cristina Kirchner afirmó que "en unos días más vamos a pagar el Bonar siete por 2000 millones de dólares, con ley local y pagado aquí, de modo tal que hemos pagado miles de millones de dólares y aquí en la Argentina". A la vez, volvió a destacar las bondades del supuesto plan de desendeudamiento, al explicar que "la deuda de los argentinos en dólares pasó a representar en moneda extranjera algo menos que el 10 por ciento del PBI", un porcentaje que, tras el pago del Bonar, se reducirá a 8,3 por ciento del PBI.
Pero el país enfrenta demandas potenciales por US$ 20.000 millones en default y, con el gesto de ayer, la posibilidad de que la justicia de EE.UU. declare que el país busca incumplir con sus fallos. Además, habrá que esperar, como dijo anoche una fuente de una calificadora, si este cambio de condiciones, aunque sea voluntario, no resulta considerado un nuevo default.
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