Jesús Leal Gallardo, Nicolás Solórzano y Rodolfo Becerra llegaron a Tijuana en los primeros días de 2012. Los tres habían pasado tiempo en la cárcel. Apenas llegar, justo el 13 de enero, salieron a celebrar. Entraron a un bar a mediodía. El festejo se saldó con un muerto. Solórzano apuntó a un hombre y le vació varios tiros en la cara.
No son los únicos. La policía de Tijuana calcula que por lo menos 20 exconvictos deportados de EE UU han asesinado a una docena de personas en los primeros seis meses de este año. Uno de cada tres crímenes que se cometen en la ciudad son de excarcelados de las prisiones de EE UU, que obtienen su libertad a cambio de acabar al sur de la frontera, según datos oficiales.
La situación de emergencia es tal que el Gobierno de Baja California ha pedido a la Secretaría de Exteriores mexicana que extienda una queja formal a EE UU y exija que sus autoridades carcelarias adviertan a las mexicanas de la peligrosidad de los delincuentes procesados que libera en México.
Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, denuncia que en lo que va de este año unos 7.000 exconvictos han llegado a Tijuana a través de la garita de San Ysidro, el cruce que la separa de San Diego y el más transitado del mundo. Basta una revisión a las páginas de sucesos de los periódicos tijuanenses para entender su argumento. La policía de la ciudad bajacaliforniana capturó la semana pasada a tres sujetos, dos de ellos supuestos miembros de la poderosa pandilla Mafia Mexicana (MM), y los acusó de ejecutar levantones(secuestros exprés) y asesinatos.
La política puesta en marcha por el Gobierno de California emula a la que Texas aplicó en 2010 en Ciudad Juárez, que preveía la deportación de cerca de 6.000 condenados a cambio de libertad condicional. La ley estatal ahorraría a los contribuyentes tejanos “más de 213 millones de dólares” en gastos de manutención en sus prisiones. El Gobierno federal de México negoció con Estados Unidos para que se suspendiera la política y con ello, según las autoridades mexicanas, consiguieron “contener la violencia”.
La administración de Barack Obama ha roto todos los récords de deportaciones de inmigrantes ilegales –al menos 1,4 millones de personas desde 2009– y esto, aunado a la suspensión de programas mexicanos que permitía a los recién llegados obtener apoyos para regresar a sus lugares de origen (en el caso de Texas, solamente un 10% vivían anteriormente en los sitios donde eran llevados) ha agudizado el problema.
El semanario Zeta apuntaba en 2006 que “dos o tres” mexicanos que habían estado en prisiones estadounidenses llegaban a Tijuana todos los días. Según los datos actuales de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad, ahora serían 35. Los acuerdos migratorios no ponen ningún horario para los deportados que no han sido condenados por ningún crimen, pero sí los establece en el caso de los expresidiarios. Un punto que, según Capella, no cumplen las autoridades norteamericanas.
Tijuana recibe entre el 20 y el 30% de las deportaciones, según datos del Instituto Nacional de Migración mexicano.
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