Si bien disminuyó el poder del ala radical del gabinete económico y hay diálogo con el sector privado, un sistema para aumentar la oferta de dólares inició operaciones, comenzó la revisión de precios de los productos controlados y en el primer semestre hubo intentos para contener el desajuste de las finanzas públicas, cada uno de estos pasos choca con barreras que debilitan sus efectos.
Con el nombramiento de Nelson Merentes como ministro de Finanzas y vicepresidente del área económica el sector privado pasó a contar con un interlocutor consciente de la necesidad de flexibilizar el mercado cambiario y lograr acuerdos, pero el ala radical continúa presente y cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional.
Empresarios explican que el diálogo sigue siendo muy difícil con ministros como Ricardo Menéndez (Industria), María Cristina Iglesias (Trabajo), Ricardo Molina (Vivienda), funcionarios como Eduardo Samán (Indepabis) y, con Jorge Giordani, ministro de Planificación, quien es el líder del ala del gabinete más proclive a implementar una agenda de mínimo acercamiento con el sector privado.
A esto se añade una Asamblea Nacional que aprueba leyes que continúan impactando a las empresas y reforzando los controles en la economía como la que regula el precio de los carros nuevos y usados, que solo espera por la firma del Presidente de la República.
Además los parlamentarios del partido de Gobierno aprobaron un nuevo impuesto para financiar la cultura en momentos en que las cargas parafiscales, según la firma ODH, ya confiscan entre 60% y 75% de las ganancias.
Con el relanzamiento del Sicad el Gobierno se comprometió a realizar dos subastas de dólares al mes para aumentar la oferta de divisas, disminuir la escasez de productos importados y reducir el valor del dólar paralelo que impacta en la inflación porque marca los precios de productos no regulados.
Pero el monto de las subastas ha sido mínimo, de continuar el ritmo actual este año el Sicad solo inyectará al sector privado la mitad de lo que representaba el Sitme, además de que las normas le prohíben a las empresas utilizar los dólares que compran para pagar la deuda que tienen con sus proveedores en países como Colombia y Panamá.
El principal problema para elevar la oferta de dólares a través del Sicad es que las reservas líquidas, las divisas en efectivo que tiene el Banco Central para atender las subastas y además cubrir los requerimientos de Cadivi, no superan los 2 mil millones, es decir, quince días de importaciones.
Para aumentar las reservas Pdvsa tendría que aportar más dólares al BCV pero eso obligaría a disminuir el financiamiento en el precio del petróleo a países aliados y recortar los depósitos a fondos que el Ejecutivo maneja discrecionalmente como Fonden.
Tras el salto de la escasez porque las empresas no cubren sus costos el Gobierno permitió incrementos en los precios regulados del pollo, carne, leche, quesos y el pasado viernes acordó ajustes en la harina de maíz precocida pan y pastas.
Pero las empresas indican que los aumentos no han sido suficientes y aún falta por ajustar el precio de productos como aceites, azúcar, café y arroz.
El freno es que la inflación se aceleró y al cierre de julio acumula un salto de 29%.
En materia de gasto público después de limpiar la inflación el Gobierno recortó los desembolsos 9% en el primer semestre a fin de frenar el alza del déficit que ya es de 15% del PIB y la inyección de bolívares que dispara el consumo e impulsa los precios.
Pero la agenda electoral manda y a través de más deuda se financiará una nueva expansión del gasto público en el segundo semestre.
FUENTE: EL UNIVERSA DE VENEZUELA
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