El Gobierno ultima detalles para hacer una jugada política y comercial muy arriesgada. Por orden de la presidenta Cristina Kirchner, funcionarios de los ministerios de Economía y Planificación y ejecutivos de YPFavanzan en un plan para hacer un pago unilateral a Repsol por el 51% de las acciones expropiadas de la petrolera. Así lo informó a LA NACION un funcionario que participa de la iniciativa.
También fuentes del gobierno español confiaron en Madrid que la Argentina hizo saber que estaba en estudio un plan que consistiría en depositar una suma determinada a favor de Repsol. La respuesta fue, según esas fuentes, terminante: "Se les transmitió a los enviados de la Casa Rosada que ese movimiento sólo aumentaría la hostilidad y no frenaría los juicios internacionales que ya están en marcha".
El pago le permitiría al Gobierno cumplir con la ley local y, según creen en despachos oficiales, manifestar su voluntad de negociar. Pero Repsol podría mantener el litigio en el Ciadi.
El encargado de fijar el monto es el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que comenzó a estudiar el caso el mes pasado.
Podría emitir una conclusión a principios de octubre. De acuerdo con la ley de expropiación, el Gobierno tiene 24 meses desde la nacionalización para determinar el precio de la petrolera. Hasta ahora pasaron poco más de 17 meses. Fuentes oficiales confirmaron que ese organismo fijará un número que, en la práctica, provendrá de una decisión política.
El viceministro de Economía, Axel Kicillof, uno de los mentores de la expropiación, considera que, en realidad, Repsol debería devolverle plata a la Argentina. La acusa de la transferencia de activos de YPF a Repsol y de un giro de utilidades excesivo, entre otras cosas.
En la otra vereda está el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Desde su llegada insiste en cerrar el capítulo de la expropiación. Si bien es crítico de la gestión de la firma española, cree que la Argentina debe hacer un pago para que la petrolera resulte creíble para los inversores. Coincide con Kicillof en un punto: no está dispuesto a pagar ni un solo dólar más que la oferta que ya le hizo llegar a Brufau, confirmó un ejecutivo de diálogo permanente con el titular de YPF. Galuccio maneja la empresa con un ojo puesto en el mercado, por lo que quiere una salida amistosa. Pero considera que en Madrid no le dedicaron la atención que merecían las propuestas que hizo llegar desde su oficina en Puerto Madero. "La negociación llegó a un punto clave. No sé cómo se va a definir, pero algo va a pasar en los próximos días", dijo hace dos semanas a un colaborador directo. En la Argentina, creen que la permanencia de Brufau impedirá cualquier acuerdo. Sucede que Repsol tiene una previsión de US$ 7500 millones en sus balances por el juicio que espera cobrar en el Ciadi. La aceptación de una oferta menor lo obligaría a aplicar en sus libros un write off , como se lo llama en la jerga contable.
Las desavenencias entre la Argentina y España continuaron en San Petersburgo. Durante la reunión del G-20, Cristina Kirchner esperaba cruzar algunas palabras sobre el tema con Rajoy, algo que finalmente no ocurrió.
Galuccio inició el raid de negociaciones el verano pasado. Primero tendió un puente con Isidro Fainé, presidente de Caixabank, el mayor accionista minoritario de Repsol. El banquero se reunió con la presidenta Cristina Kirchner el 25 de febrero, como informó LA NACION. En junio, Galuccio vio a Emilio Lozoya, timonel de Pemex, dueña de 9,4% de Repsol, que llevó una propuesta al directorio de la española. Consistía en el pago de US$ 1500 millones más un 47% en una nueva sociedad controlada por YPF para explotar concesiones en el megacampo petrolero Vaca Muerta. La oferta, de acuerdo con los números de YPF, rondaría los US$ 5000.
Tanto Lozoya como Fainé se mostraron a favor de un acuerdo con la Argentina. El primero, incluso, deslizó que estaría dispuesto a abandonar Repsol si eso no ocurre. En la Casa Rosada creen que esa jugada es estratégica. Después de 75 años de monopolio estatal, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, pretende abrir al capital privado la inversión en energía, una iniciativa que tiene en ascuas a las petroleras. Por lo que se trata del peor momento para que España enturbie su relación con México.
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