La Eurocámara ha dado luz verde, por amplia mayoría, a la adhesión de Rumanía y Bulgaria a la UE el 1 de enero de 2007. La decisión se ha producido después de lograr garantías de último minuto de que se respetarán sus competencias sobre las ayudas que recibirán los dos países. Además, la Comisión y el Consejo de Ministros se comprometieron, mediante un intercambio de cartas, a tener en cuenta la opinión del Parlamento si deciden hacer uso de la cláusula de salvaguarda que permite retrasar un año la entrada de Rumanía y Bulgaria. El voto de la Eurocámara es vinculante y deja la vía libre para la firma del Tratado de Adhesión entre los ministros de Asuntos Exteriores de los Veinticinco y sus homólogos rumano y búlgaro, prevista para el 25 de abril en Luxemburgo. La recomendación favorable a la entrada de Bulgaria recibió 522 votos a favor, 70 en contra y 69 abstenciones, mientras que la referida a Rumanía, que es el país que experimenta más retrasos en el cumplimiento de los requisitos, obtuvo un apoyo algo menor, de 497 votos a favor, 93 en contra y 71 abstenciones.
Respecto a Bulgaria, el Parlamento considera que ese país está en el buen camino para convertirse en socio de la UE gracias a los grandes progresos realizados por los sucesivos gobiernos y la adaptación del pueblo a los nuevos cambios. Sin embargo, los diputados constatan que todavía es necesario tomar una serie de medidas en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Señalan igualmente que se han realizado avances en la inclusión de las minorías, como la población gitana, pero queda mucho por hacer en lo que se refiere a su integración en el sistema educativo, la alta tasa de desempleo y su sistema de salud.
Rumanía, según la Eurocámara, ha experimentado avances en diferentes campos, como son la libertad de expresión, la mejora de los equipos escolares o la integración de la población gitana. Quedan pendientes aspectos como la mejora de los controles fronterizos, la lucha contra la corrupción, reformas administrativas y judiciales, la erradicación de la discriminación o la protección del medio ambiente.
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