BOLIVIA: ECOS DE UNA RENUNCIA

La renuncia del presidente de la República, Carlos Mesa, se ha constituido en un nuevo y dramático hito de la agitada crisis política que golpea a Bolivia desde el año 2000, cuyas primeras raíces se echaron en 1990, y que acentúa la incertidumbre sobre los temas que desencadenaron acciones de protesta. A 596 días de que jurara al cargo de Presidente Constitucional de Bolivia, Mesa Gisbert se disculpó del país por no haber sido capaz de cumplir con la agenda de Bolivia y anunció que se quedará en el cargo hasta que el Congreso Nacional encare la crisis política. El 17 de octubre del 2003 Mesa sucedió en el cargo a Gonzalo Sánchez de Lozada, quien dimitió a la Primera Magistratura cercado por las protestas sociales contra su gestión y por las más de 50 muertes que dejó una instrucción suya para restablecer el orden en La Paz y El Alto. Esta en definitiva es la etapa más crítica de la democracia boliviana, desde su restablecimiento el 10 de agosto de 1982. Sánchez de Lozada se impuso en las elecciones presidenciales del 30 de junio del 2003 y permaneció 14 meses en el cargo; Mesa no pudo superar los 19 meses. Si Gonzolo Sánchez de Lozada dimitió presionado por las protestas centradas en El Alto contra la exportación de gas natural a Chile; Mesa terminó cercado por grupos sociales que demandan la nacionalización de los carburantes y la Asamblea Constituyente, pero también por grupos regionales que, como en 1990, exigen la puesta en marcha de la autonomía departamental. La diferencia con el primero es que Mesa había aceptado llevar una agenda que ninguno de sus antecesores recibió. El 2000, el gobierno del presidente Hugo Banzer tuvo que enfrentar la llamada defensa del agua, la tierra y la coca, en durísimos conflictos que se desarrollaron en los departamentos de La Paz y Cochabamba, a costa de muchas vidas. En esos hechos se confirmó la emergencia de movimientos no sindicales como la Coordinadora del Agua, los campesinos liderados por Felipe Quispe y los cocaleros del Chapare, de Evo Morales. Desde entonces, la Iglesia Católica hizo sonar la alerta para que partidos políticos y sectores sociales resuelvan un pacto nacional para evitar el descalabro político. Sus esfuerzos no prosperaron y, por el contrario, se agudizaron las diferencias, como la ocurrida en enero del 2002, cuando el sistema político intentó aislar al diputado Evo Morales, quitándole el fuero legislativo por los sucesos en Sacaba. Y cuando se desarrollaba el proceso de las elecciones presidenciales para la gestión 2002-2007, tomó fuerza la principal demanda de los indígenas: la realización de la Asamblea Constituyente, aquella que no fue aceptada por el MNR en 1992. El pedido tuvo escaso eco. Los resultados de esos comicios hicieron que Goni dé prioridad a la búsqueda de la gobernabilidad y a la aplicación de un plan de gobierno asentado en medidas económicas y sociales. Mientras tanto, la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos continuaban con sus esfuerzos para acercar las demandas de los sectores sociales hacia la gestión gubernamental. No fue posible y al poco tiempo estalló la crisis de octubre del 2003. En 1992, cuando el presidente Jaime Paz Zamora gestionaba un acuerdo político como el que surgió el 9 de julio de 1992, los dirigentes cívicos de Santa Cruz y Chuquisaca se movilizaron y paralizaron a sus regiones con el fin de que el Gobierno descentralice el Estado para empoderar más a las regiones. La gestión de Paz Zamora impulsó el debate, pero postergó la aprobación de una Ley de Descentralización. A su turno, el presidente Sánchez de Lozada dio prioridad a la Ley de Participación Popular, la que municipalizó el país, y le dio importancia secundaria a la demanda de poder regional. En el gobierno de Banzer el pedido descentralizador fue relegado por las acciones contra la crisis económica, pero resurgió a fines del año pasado y principios de éste, con la movilización multitudinaria de Santa Cruz que impuso la agenda de la autonomía departamental. Mesa aceptó la demanda como también les dijo sí a los vecinos, indígenas y sectores que demandaban la recuperación de los hidrocarburos y la realización de la Constituyente. Pero no pudo ejecutarlo.
La pesada agenda que está pendiente
Ley de Hidrocarburos • El 13 de mayo, el presidente de la Cámara de Senadores, Hormando Vaca Díez, promulgó una Ley de Hidrocarburos que ha generado reacciones de todo tipo, entre ellas la movilización de sectores sociales que demandan la nacionalización de los hidrocarburos. Tema irresuelto • Las empresas petroleras cuestionan la ley y, desde el otro lado, el Movimiento al Socialismo llegó a proponer ayer que los hidrocarburos sean nacionalizados mediante decreto.
La Constituyente • En principio demandada sólo por los indígenas, ha concentrado el respaldo de sectores sociales y partidos políticos desde que el presidente Mesa asumió el compromiso de llevarla como su principal prioridad. Desde 1990 no contó con el respaldo del MNR, como se ratificó el 2003. El referéndum autonómico • El mecanismo de democracia participativa tiene el camino expedito desde el aspecto legal, pues el movimiento cruceño ha logrado recabar el suficiente número de firmas para presentarlo como iniciativa ciudadana. Sin embargo, no ha logrado articular consenso con el resto del país, a pesar de que la profundización de la descentralización es una demanda que manifestó en 1992.