miércoles, diciembre 28, 2005

EVO MORALES: LA AYUDA ECONOMIA DE ESTADOS UNIDOS ES PRESCINDIBLE, SI SE CONDICIONA A ELIMINAR LA HOJA DE COCA

Quedó claro durante la campaña electoral: el cultivo de coca y su posible despenalización es uno de los temas que enfrentará con más fuerza al futuro gobierno de Evo Morales con la Casa Blanca. El presidente electo de Bolivia, a través de uno de sus asesores, adelantó ayer que no aceptará en adelante asistencia económica de Washington si es a cambio de condicionamientos en la política contra la droga. Y prevé eliminar todo tipo de injerencias externas en la Policía y las Ferzas Armadas, incluidas las acciones militares conjuntas.Si por esa razón Washington retira su asistencia —que este año rondó los US$ 90 millones— Bolivia acudirá a otras fuentes de financiación, como la Unión Europea, China o Japón, afirmó Juan Ramón Quintana, miembro de la comisión de transición y experto en temas de Defensa del Movimiento al Socialismo (MAS).Bolivia es, detrás de Colombia y Perú, el tercer productor mundial de hoja de coca, la materia prima de la cocaína. Por eso EE.UU. gira cada año millones de dólares para la erradicación de su cultivo, y ahora mira con recelo hacia el país del Altiplano, que por primera vez será gobernado por un indígena, líder de los cocaleros de la región del Chapare.Durante la campaña electoral, Morales dejó clara su intención de despenalizar el cultivo de coca, que hoy se permite en Bolivia sólo en determinada cantidad de hectáreas, según una ley de 1989. Esa legislación, que según EE.UU. destruyó 90% de las plantaciones, estimación que otras fuentes ponen en duda, no contempló subsidios para que los campesinos que vivían de la hoja de coca, pudieran reemplazar los cultivos. La crisis de miseria que sobrevino en las zonas más pobres provocó una reacción popular, de la que nació una nueva dirigencia política, entre ellos el propio Morales. La despenalización del cultivo forma parte de las reivindicaciones que le exigen las bases al nuevo presidente. Pero se trata de un paso muy complicado. Quintana anticipó además que el gobierno de Morales, quien ganó las elecciones del 18 de diciembre con casi 54% de los votos y asumirá el 22 de enero, está dispuesto a dejar en manos de la Policía las tareas de interdicción, control a la producción, comercialización y consumo. "La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) se ha convertido en un apéndice de la DEA (la agencia antidrogas) norteamericana, con el enorme riesgo que esto implica para la seguridad del Estado", advirtió Quintana, según el diario La Prensa. "Todos los organismos y capacidades institucionales deben retornar al control gubernamental", remarcó.Así, las FF.AA. dejarían de encargarse de la destrucción de cocales ilegales. En cambio, aseguró Quintana, se mejorará su formación para la defensa del territorio y las riquezas naturales.El MAS manifestó que busca terminar con la injerencia política y el clientelismo en las FF.AA. Para este asesor, ex militar, esto es claro en los organismos de inteligencia que, "en lugar de cuidar la seguridad del Estado boliviano, cuidan la de EE.UU. "Por su parte, el comandante de la Policía, general David Aramayo, negó que el apoyo económico de EE.UU. signifique una dependencia directa. "La FELCN depende del Comando de la Policía Nacional. Otro tema es que evidentemente (EE.UU.) nos da un apoyo importante", aclaró. Pese a la dura postura de Morales a favor de la legalización del cultivo de la coca, en lo que se interpretó como un gesto hacia EE.UU. el presidente electo propuso a las Casa Blanca un pacto de "lucha efectiva contra el narcotráfico". Aunque al mismo tiempo volvió a reclamar que se retire la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas a la salud."Estamos de acuerdo en que debe haber cero cocaína y cero narcotráfico, pero no puede haber cero de coca o cero de cocaleros", declaró entonces Morales, quien ayer realizó su primer viaje como presidente electo a la rica Santa Cruz de la Sierra. Allí se reunió con las elites cívicas y empresariales, con las que mantiene grandes diferencias, que presionan por un negocio de explotación de hierro y el respeto a la propiedad de los latifundios.

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